Tegucigalpa (Especial Proceso Digital) – Sí ya se miraba terrible que la corrupción minara a los políticos, peor aún es cuando a la mezcla se suma el narcotráfico y lo más lamentable es que cada vez esa relación se ha hecho más común y visible en Honduras.
– Presidentes, alcaldes, diputados y ministros, sin importar el color político han sido salpicados y hasta manchados por el flagelo del narcotráfico.
– Cuando se aprobó la extradición de hondureños en 2012, el entonces diputado Marvin Ponce le dijo al presidente del Congreso Nacional de ese momento, Juan Orlando Hernández, que no tenía sentido que el debate fuera a puerta cerrada porque ahí había varias decenas de narcos en el pleno.
– El día que Fredy Mármol fue extraditado a EEUU se fue no sin antes dejar un mensaje a la prensa: “Allá espero a varios diputados”.
La pregunta que surge ahora que han salido a la luz tantos casos de políticos metidos a narcos, es ¿quién ha seducido a quién? ¿acaso los narcos a los políticos, o los políticos a los narcos?
La relación política-narcotráfico, ha llevado a Honduras al borde de ser un narcoestado, pues políticos y criminales narcotraficantes son en muchos casos la misma persona y han usado el poder para el trasiego de drogas y al mismo tiempo para mantenerse en el gobierno o impulsar a sus compinches.
Años atrás en los pasillos políticos y periodísticos se hablaba de una posible relación política-narcotráfico, pero poco a poco se ha visto como los casos salen a la luz; muchos casos ya están enfrentando juicios en cortes federales de Estados Unidos.
En el caso de dos principales carteles de droga en el país: Los Valle y Los Cachiros, ambos se infiltraron en la política para poder garantizar sus operaciones ilícitas. Los Valle colocaron familiares en cargos municipales en el occidente del país, mientras Los Cachiros aprovecharon sus ligues para firmar contratos con gobiernos de turno.
En las elecciones de noviembre de 2013 resultó electa como vicealcaldesa de Florida, Copán, Mayra Lemus, esposa del capo Luis Alonso Valle Valle. La mujer nunca fue acusada en Honduras, pero era la segunda al mando de la corporación edilicia que encabezó Rember Cuestas Valle, primo hermano del clan Valle.
Presidentes y alcaldes, capos en el poder
Sin duda alguna el caso de mayor trascendencia como político involucrado y acusado por narcotráfico es el del expresidente Juan Orlando Hernández, quien fue extraditado tres meses después de dejar el cargo y ahora está a las puertas de un juicio en New York.
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Pero la mayoría de hondureños extraditados y enjuiciados en Estados Unidos por narcotráfico, han dejado en evidencia los nexos directos o indirectos con la droga y el crimen organizado, algunos hechos ya comprobados y otros que han quedado a nivel de acusación. Igualmente, otros en proceso de juzgamiento, mientras que en los testimonios de testigos relevantes las menciones de otros altos cargos, incluso expresidentes salen a la luz.
Quienes han declarado o cantado como se dice comúnmente, mencionan a reconocidas figuras de la política hondureña de todos los partidos.
En la lista de los más grandes se ha mencionado después de Juan Orlando Hernández a los expresidentes Manuel Zelaya Rosales y Porfirio Lobo Sosa.
En el caso de Zelaya Rosales, ha sido mencionado en varias ocasiones, entre estas por el narcotraficante Devis Leonel Rivera Maradiaga, excabecilla del cartel Los Cachiros, quién testimonió que el alto político habría recibido 500 mil dólares, a cambio de dejar operar al cartel y para su campaña que le permitió llegar a ser gobernante de Honduras en 2006. El ahora asesor presidencial también fue mencionado por Héctor Emilio Fernández, alias “Don H”, que aseguró en su momento que había entregado sobornos al expresidente Zelaya. No obstante, el exmandatario siempre ha rechazado dichos señalamientos, como lo hacen todos los mencionados en las cortes norteamericanas.
Otro caso es el del expresidente Porfirio Lobo Sosa, nombre que ha estado presente en varios juicios. El caso del exgobernante Lobo, es delicado pues persiste la duda ya que en su entorno familiar su propio hijo Fabio Lobo fue condenado y guarda prisión en Estados Unidos por cargos de “conspiración para traficar cocaína”.
El expresidente Porfirio Lobo, además aparece en la Lista Engel, y aunque ha rechazado siempre su vinculación con el narcotráfico y ha dicho estar dispuesto a ser investigado, no se libra de los señalamientos.
En cuanto a los alcaldes son muchos los que se han convertido en capos en sus territorios y han extendido sus tentáculos a la política central. Otros tantos han sido señalados y sus procesos aún están activos.
Uno de los casos más conocidos de alcaldes involucrados en narcotráfico es el del exedil de Yoro, Arnaldo Urbina Soto, imputado en julio de 2018, por conspirar para importar cocaína a Estados Unidos y delitos con armas conexos”, según documentos de la Embajada de Estados Unidos en Honduras.
Entre los casos de alcaldes también destaca el del exalcalde del municipio de El Paraíso, Copán, Amílcar Alexander Ardón Soriano, acusado en 2019 por la Fiscalía Federal Distrito Sur de Nueva York, por cargos de conspiración para importar cocaína en Estados Unidos y delitos con armas conexos vinculados con el uso y la posesión de ametralladoras y otros dispositivos de destrucción, según un informe oficial.
Otros mencionados en el narcotráfico son el exalcalde de Choloma, Leopoldo Crivelli Durant, según el narcotraficante hondureño Geovanny Fuentes Ramírez el funcionario municipal recibió cantidades millonarias en sobornos provenientes del narcotráfico. En Honduras se han entablado juicios contra este funcionario, pero desde el norte no han llegado requerimientos en su contra, pese a sus múltiples menciones con importantes capos de la droga. Actualmente, su hija –Katia Crivelli– es diputada en el Congreso de la República.
También el alcalde de la ciudad de Tocoa, Adán Fúnez, fue implicado en el juicio en la Corte del Distrito Sur de Nueva York por el exfeje del cártel de Los Cachiros, Devis Leonel Rivera Maradiaga, quien implicó a Fúnez de recibir millonarios sobornos provenientes del narcotráfico para facilitar el paso de la droga y otorgar protección. El funcionario municipal al respecto se ha defendido señalando que lo quieren implicar sólo para desacreditarlo. En esa misma vía se ha involucrado al exdiputado por varios periodos del departamento de Colón, Óscar Nájera, quien no ha tenido empacho para afirmar con la icónica frase: “Me la pela” que no teme a las sanciones o acusaciones del Tío Sam.
De igual forma, se cuenta entre los casos de autoridades municipales, en narcotráfico el del exvicealcalde de la municipalidad de Gracias, Mario José Cálix Hernández, quien tiene una acusación formal por narcotráfico en Nueva York. Conocedores prevén que Cálix podría aparecer en la corte neoyorquina como colaborador en el juicio del expresidente Hernández.
El MP también presentó el caso del edil de Talanga, Roosevelt Avilez, señalado de lavar más de 300 millones de lempiras de fondos provenientes del tráfico de drogas. El personaje político alegó que era perseguido y al final logró ser sobreseído en la causa.
Ramón Sarmiento, exedil de Juticalpa, fue condenado por la justicia por la comisión de tres delitos: posesión de arma comercial, almacenamiento de municiones de guerra y uso de documentos falsos, en perjuicio de la seguridad interior del Estado de Honduras y la fe pública en 2017. En septiembre de 2020, el exalcalde quedó en libertad bajo la medida de preliberación.
Finalmente, entre los alcaldes implicados en narcotráfico resalta el caso del exedil de Brus Laguna, Wilmer Wood, quien fue capturado en operación realizada por el Ministerio Público y enviado a prisión por suponerlo responsable del delito de tráfico de drogas. Otros como los hermanos Seth y Roberto Paisano Wood han librado procesos penales locales y son señalados de involucramientos con actividades del narco.
En noviembre de 2022, la Fiscalía hondureña imputó a Pedro Armando Aguilar Orellana, en ese momento alcalde de San Marcos en Santa Bárbara, como jefe de una banda delictiva que operaba en el noroccidente de Honduras y que sobre sus espaldas hay un rosario de muertes y hechos delictivos.
Llamado como “El Patrón” y de acuerdo a la investigación de agentes de delitos contra la vida de la ATIC se le vincula como líder de una organización criminal denominada banda de Pedrito o Pelón, él mismo dirige actividades de sicariato y provee armas, municiones y vehículos para cometer los asesinatos, de acuerdo a la acusación de los fiscales.
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En agosto de 2021, el entonces alcalde de Roatán, Jerry Hynds fue acusado en Honduras por tráfico de drogas al vinculársele con el decomiso de 2.4 toneladas de cocaína que iba oculta en una cisterna. El edil pudo desvirtuar las acusaciones y recobró la libertad.
Entre los políticos destacados también mencionados en el tema de narcotráfico, también es muy conocido el caso de la familia Rosenthal. De hecho, destacan los casos del político y banquero Yani Rosenthal, quien cumplió pena en Estados Unidos por lavado de dinero. Yani Benjamín Rosenthal Hidalgo, un político, actual presidente del Partido Liberal y prominente empresario hondureño, fue sentenciado por el lavado de ganancias del narcotráfico para los Cachiros, una importante organización hondureña de tráfico de drogas, cito la embajada americana, en su momento.
Por su parte, Yankel Rosenthal, fue condenado por la justicia de Estados Unidos por lavado de dinero proveniente de drogas, a través de la compra de bienes raíces en los Estados Unidos, además de contribuciones políticas en Honduras. Actualmente Yankel radica en México y viaja eventualmente a Honduras. Él formó parte del gabinete de Juan Orlando Hernández como ministro de Inversiones.
Red de narcotráfico desde el Legislativo
Entre los diputados del Congreso Nacional, también han sido palpables los políticos con tremendos tentáculos en el narcotráfico que dejan una interminable ola de crímenes.
A inicios de julio de 2003, fue capturado en Olancho, bajo el cargo de tráfico de drogas y tentativa de homicidio contra dos policías, el diputado por el Partido Nacional, Armando Ávila Panchamé, junto a ocho personas, entre ellos dos colombianos.
Su captura se produjo después del aterrizaje de una avioneta en las cercanías de San Esteban, Olancho, cuando intentó huir en un vehículo. Las informaciones oficiales indicaron que la avioneta, había sido robada en Venezuela y que traía un cargamento de droga.
En el contexto del aterrizaje y la descarga de la droga, un grupo rival atacó a tiros al parlamentario y sus acompañantes. Las personas fueron capturadas por los agentes policiales tras montar un operativo en la zona y verificar que la avioneta chocó con un automóvil.
En febrero de 2004, el diputado Ávila Panchamé fue sentenciado a 20 años de cárcel por narcotráfico, y con ello se convertía en el primer legislador preso por el delito de narcotráfico en el país. Alrededor de cinco meses después de su sentencia, el 11 de julio de 2004, Ávila Panchamé fue asesinado a tiros por otro reo en la Penitenciaría Nacional identificado como Juvenal Díaz.
El 24 de diciembre de 2004, el exdiputado Ricardo Antonio Peña fue asesinado a disparos en su residencia de San Pedro Sula. Este formó parte del Congreso Nacional hondureño entre 1998 y 2002.
Los reportes de la época indicaron que tres hombres vestidos con uniformes de la Policía llegaron hasta la casa de Peña para asesinarlo. El exparlamentario recibió ocho impactos de bala.
Peña, según reportes de medios locales, era investigado por la Policía tras ser detenido por un corto lapso en Panamá en 2003 por traficar heroína.
El 2 de mayo de 2006, se reportó la muerte violenta del diputado por el departamento de Colón, Juan Ramón Salgado Cuevas.
Según se informó, Salgado Cuevas fue asesinado por falsos policías quienes ingresaron a su vivienda en la colonia Aurora de la norteña San Pedro Sula, para acabar con su vida al dispararle ocho balazos.
El entonces jefe de la Policía Nacional, José Luis Muñoz Licona, dijo que el hecho cometido por sicarios marcaba una acción de crimen organizado.
El ministro de Seguridad, de ese momento, Álvaro Romero, dijo que Colón era el principal sitio por donde ingresan drogas, además de que operaban bandas dedicadas al tráfico de armas y personas.
Varios años después, en el testimonio ante una corte estadounidense del jefe de los Cachiros, Devis Leonel Rivera, se supo que él fue el responsable del asesinato contra el diputado Salgado Cuevas.
El 23 de noviembre de 2008, el diputado por el departamento de Cortés, y vicepresidente alterno del Congreso Nacional, Mario Fernando Hernández Bonilla, fue acribillado a tiros por desconocidos en un populoso barrio de la ciudad de San Pedro Sula, de donde era originario.
En el percance también falleció el ejecutivo de la estatal Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), identificado como Carlos Collier.
Según se informó hombres armados, con su rostro cubierto con pasamontañas, impactaron intencionalmente dos vehículos en el que se conducían Hernández y Collier, luego los hombres armados se bajaron y comenzaron a disparar en forma indiscriminada.
El diputado asesinado y Collier eran activistas del movimiento interno del Partido Liberal que lideraba Roberto Micheletti, Mario Fernando Hernández buscaba la reelección como diputado ante el Poder Legislativo por el departamento de Cortés.
Muchos años después se supo, mediante un documento, en el contexto del juicio contra el narcotraficante extraditado y juzgado en una corte de Nueva York, Héctor Emilio Fernández Rosa alias “Don H”, que fue él quien ordenó la muerte del vicepresidente del Congreso Nacional.
El 10 de abril de 2015, el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (1990-1994), José Eduardo Gauggel Rivas, junto a su hijo el entonces diputado en el Congreso Nacional, José Eduardo de Jesús Gauggel Medina, fueron asesinados en el barrio Los Andes de San Pedro Sula, norte de Honduras.
Los dos dirigentes políticos se transportaban en una camioneta Land Cruiser blindada. El cuerpo del padre quedó en el interior de la vivienda (estacionamiento), mientras su hijo en el automotor.
Los Gauggel fueron atacados por varios individuos a bordo de camionetas, una de ellas fue encontrada dos días después del ataque criminal.
En 2015 se agitó el hampa con el asesinato del exgobernador y exdiputado de Colón, Juan Gómez Meléndez, un estrecho colaborador y testaferro de Los Cachiros, de acuerdo a informes de las autoridades hondureñas. Fue ultimado cuando salía de una institución de bancaria en Tocoa.
Entre los casos más conocidos resalta el del hermano del expresidente Juan Orlando Hernández, el exdiputado Antonio (Tony) Hernández, ya condenado en Estados Unidos, por cargos de narcotráfico, por tráfico de cocaína, posesión de armas y dispositivos destructivos, conspiración para usar armas y falso testimonio. Hernández fue condenado el 30 de marzo de 2021 a cadena perpetua más 30 años de cárcel.
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Entre los casos del Legislativo también está el del exdiputado del Partido Liberal (2010-2018), Midence Oquelí Martínez, quien fue extraditado en 2023 a Estados Unidos, requerido por delitos asociados con el narcotráfico, el tráfico de armas y conspiración, en negocios con el cartel de Los Cachiros.
Midence Oquelí fue detenido en una zona montañosa del Caribe mientras comandaba operaciones del hampa, de acuerdo a las autoridades nacionales. A él se le señala como pieza clave entre la relación narco-política, incluso se pretendió ponerlo como ministro de Seguridad. Actualmente enfrenta la justicia de EEUU y en su juicio se prevé habrá una factura importante para eventuales extraditables.
Otro exdiputado enredado en las redes del narcotráfico es Fredy Nájera, condenado a 30 años de prisión en un tribunal de Nueva York, Estados Unidos, por delitos de narcotráfico y posesión de armas, y deberá pagar 39 millones de dólares de resarcimiento más 10 millones de multa.
Un político mencionado múltiples veces por vínculos con el narcotráfico es el exdiputado Óscar Nájera, el nombre de este personaje de la política ha sobresalido en las listas de sanciones de Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico y corrupción e incluso en la Lista Engel del Departamento de Estado de Estados Unidos, pero ha salido librado.
De igual forma hay muchos otros nombres, de legisladores que circulan en las temidas listas de narcotraficantes y otros que también suenan como un secreto a voces, pero que no se termina de concretar su vinculación con el mundo de las drogas.
En 2017, el Cachiro Devis Leonel involucró a un hermano del expresidente hondureño Manuel Zelaya Rosales, en el tráfico de drogas para lo cual “trabajaba” en la pista aérea de “El Aguacate”.
De acuerdo al exlíder cachiro, este personaje tenía el control de la pista de “El Aguacate”, junto al diputado liberal Fredy Nájera, por lo cual Fabio Lobo, hijo del expresidente Porfirio Lobo Sosa, les recomendó buscar otra zona donde podrían aterrizar avionetas cargadas de drogas.
Otros funcionarios del Ejecutivo en narcotráfico
Además de todos los citados en párrafos anteriores hay otras figuras políticas que han sido autoridades en el Ejecutivo y que han sucumbido a los engañosos encantos del poder del narcotráfico para sumarlo al poder político.
Entre otros nombres que no han escapado a los señalamientos también figuran varios exministros de Seguridad mencionados en la Corte del Distrito Sur de New York. Los que conocen de estos temas creen que es muy posible algunos de ellos sean llamados por EEUU para responder ante la justicia de ese país.
De igual forma, son muchos los nombres de otros políticos que también han fungido como funcionarios de rangos altos e intermedios que son señalados por narcotráfico y corrupción, en voz alta, pero que siguen a nivel de rumor y especulación, por lo que muchos siguen soñando con que se haga justicia en esos casos que se escapan, quizás si se instalará algún día la CICIH.
Todos los casos expuestos unos ya más que corroborados, otros aún por confirmar y los que son un secreto a voces, demuestran que lastimosamente Honduras, ha estado cercada por políticos con una íntima relación entre el narcotráfico y el crimen organizado, que han llevado al país al desprestigio, la bancarrota y al deterioro institucional. PD
