México.– El Gobierno de México expresó preocupación por la detención prolongada de menores migrantes en Estados Unidos tras el anuncio de este país de dar por terminada la norma denominada Acuerdo Flores.

Este acuerdo limitaba a 20 días el periodo de detención de niños y adolescentes en centros de detención migratoria en ese país.

La nueva regulación, que se prevé entre en vigor en 60 días, «establece que las familias acompañadas por menores deberán permanecer en centros de detención mientras se desahogan sus procesos migratorios», expresó el Gobierno de México mediante un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Por ello, «la detención de niñas, niños y adolescentes podría prolongarse por tiempo indeterminado, toda vez que persiste la demora en la atención de casos migratorios», subrayó el Gobierno de México.

La Cancillería señaló que el Gobierno mexicano dará puntual seguimiento a las condiciones de esos centros y continuará brindando asistencia y protección consular a las familias mexicanas que sean detenidas bajo estas nuevas condiciones.

El miércoles, el Gobierno de Donald Trump anunció que busca derogar el Acuerdo de Flores, que data de 1997, para detener por tiempo ilimitado a menores.

«El Acuerdo de Flores, que data de hace décadas, está desfasado y no tiene en cuenta el cambio masivo de la inmigración hacia familias y menores de América Central», dijo la Casa Blanca en un comunicado.

Trump aseguró que está considerando «seriamente» acabar con el derecho a la ciudadanía estadounidense por nacimiento, una vieja promesa de su campaña electoral que la oposición demócrata y muchos expertos consideran inconstitucional.

«Estamos pensando en (acabar con la) ciudadanía por nacimiento muy en serio», dijo Trump en declaraciones a los periodistas antes de emprender un viaje hacia el estado de Kentucky.

«Francamente, es ridículo (…) Tienes un bebé en nuestro país, es decir, cruzas la frontera, tienes un bebé y ‘felicidades, el bebé es ahora un ciudadano estadounidense'», añadió.

Trump ya prometió acabar con ese derecho cuando competía por la Casa Blanca en 2016, y el pasado octubre, durante la campaña de elecciones legislativas en EE.UU., recuperó la idea y aseguró que firmaría un decreto para implementarla, algo que finalmente no hizo.