Washington – El Departamento de Justicia presentó hoy cargos contra una juez y un exfuncionario de un tribunal de Massachusetts por supuestamente haber ayudado a un inmigrante indocumentado a evitar un arresto.
De acuerdo a documentos judiciales, la juez Shelley Joseph presuntamente obstruyó la Justicia por permitir que un indocumentado abandonara el juzgado por la puerta trasera y evadiera así ser arrestado.
El otro acusado es el exfuncionario de esa corte Wesley MacGregor, quien presuntamente acompañó al inmigrante hasta la puerta de atrás.
Los hechos se remontan a 2018 cuando el indocumentado fue detenido por la Policía de la población de Newton, en Massachusetts, por ser «un fugado de la Justicia en Pensilvania y por posesión de narcóticos».
Tras el arresto, las autoridades se dieron cuenta de que el detenido había sido deportado previamente de EE.UU. en dos ocasiones, en 2003 y 2007, y que tras esta última vez se le había prohibido regresar al país hasta 2027.
Newton ha sido una «ciudad santuario» para los indocumentados desde 2017.
A mediados de este mes, la Casa Blanca aseguró que estaba estudiando cómo aplicar la idea del presidente estadounidense, Donald Trump, de concentrar a los indocumentados en las llamadas «ciudades santuario», pese a las dudas sobre la legalidad de la medida y las críticas de que se trata de una maniobra electoral.
Después de dos años de criticar duramente a las jurisdicciones «santuario» -más de 200 territorios de EE.UU. que se niegan a colaborar con el Gobierno para deportar a los indocumentados-, Trump ha sorprendido con una idea que reforzaría la presencia de inmigrantes en esas zonas, y podría hacer que estén más protegidos.
La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, aseguró que la propuesta busca liberar a las localidades fronterizas de la «carga» que supone el influjo de indocumentados que llegan a diario a la frontera con México.
El miércoles la Cámara Baja de Florida aprobó un proyecto de ley contra las ciudades «santuario» y encaminado a forzar a las policías locales a cooperar con las autoridades migratorias en la detención de indocumentados, en medio de críticas que lo tachan de «inconstitucional».
