Nueva York – Los representantes demócratas Adriano Espaillat, Verónica Escobar y Sylvia García presentaron este viernes el proyecto de Ley de Mejoramiento de la Seguridad Nacional, que busca una solución a los desafíos de inmigración en la frontera sur de forma «responsable y humana», garantizando la rendición de cuentas, la transparencia y la supervisión, según indicaron.
«Hay mucho en juego en esta coyuntura crítica de nuestros esfuerzos para reparar el sistema de inmigración de nuestra nación, y esta ley ayudará en nuestros esfuerzos por aumentar la transparencia, la rendición de cuentas y la participación de la comunidad», indicó Espaillat en un comunicado conjunto.
La ley establecería una comisión dentro del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) compuesta por representantes de los estados fronterizos del norte y del sur para desarrollar recomendaciones sobre políticas, evaluarlas y mejorar la seguridad de agentes y oficiales.
También propone establecer la Oficina del Defensor del Pueblo para Asuntos Fronterizos e Inmigración, y crearía un Defensor del Pueblo dentro de Seguridad Nacional.
Igualmente exigiría capacitación para agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en prácticas policiales comunitarias, uso legal de la fuerza y tácticas para reducir la escalada de tensión, e historia y ética de la ley de asilo.
De ser aprobada requerirá igualmente que ICE y CBP creen un proceso de mantenimiento de registros para detenciones y prohibirá las separaciones familiares excepto en circunstancias muy limitadas.
«Mientras el Congreso y el presidente Joe Biden trabajan para modernizar nuestro sistema de inmigración y corregir los errores del pasado, debemos continuar nuestros esfuerzos para garantizar que el Departamento de Seguridad Nacional tenga la rendición de cuentas y la supervisión que la agencia necesita», destacó Escobar.
La acción legislativa fue acogida con beneplácito por la Red Fronteriza por los Derechos Humanos (BNHR), que considera que los cambios que propone «debieron realizarse desde hace mucho tiempo».
«Los oficiales y agencias federales de inmigración tienen que rendir cuentas ante el pueblo y los valores y derechos humanos estadounidenses deben reflejarse en las políticas y prácticas de nuestra nación», indicó el director ejecutivo de la Red, Fernando García.
Por su parte Shaw Drake, abogado asesor de políticas para fronteras e inmigrantes en la Unión de Libertades Civiles en Texas, señaló que durante décadas el ICE y la CBP se han involucrado en constantes y repetidas violaciones de los derechos civiles de los inmigrantes «mientras desafían abiertamente los intentos de reforma».
«Si bien se debe hacer mucho más para supervisar a estas agencias de inmigración notoriamente abusivas, la Ley de Mejoramiento de la Seguridad Nacional representa un paso adelante en la lucha para hacerlos rendir cuentas», afirmó.
