Washington – El senador republicano Marco Rubio ha elaborado un proyecto de ley que pretende dirigir fondos para disminuir la violencia contra niños y mujeres en Centroamérica, haciendo de esa región un lugar más seguro con el objetivo de reducir la migración que llega desde esos países a Estados Unidos.
«Me enorgullece presentar esta legislación bipartidista que proporcionará los recursos necesarios para las mujeres y los niños víctimas de agresión sexual, violencia doméstica, abuso y negligencia en el Triángulo del Norte», señaló este martes Rubio en declaraciones a Efe, que obtuvo en exclusiva un avance de la ley.
La legislación, que Rubio presentará hoy en la Cámara Alta y cuenta con el apoyo del senador demócrata Bob Menéndez y el de los republicanos Todd Young y John Cornyn, aumentará el acceso por parte de mujeres y niños sobrevivientes de violencia a servicios de apoyo «adecuados, apropiados y coordinados».
Por ejemplo, facilitará el acceso a asistencia económica, sanitaria, psicológica, de seguridad, refugio o legal, según el texto legislativo.
Un proyecto de ley correspondiente ya fue presentado en la Cámara de Representantes a mediados de mayo por la demócrata Norma Torres y la republicana Ann Wagner, y ya fue aprobado por el Comité de Relaciones Exteriores de esa cámara, paso previo al voto en el pleno.
Con esta ley, los legisladores quieren mejorar el desempeño y la capacidad de actuación de los funcionarios del sistema de justicia de El Salvador, Honduras y Guatemala, incluyendo la Policía, los fiscales y el personal de los tribunales.
«Al fortalecer los sistemas de justicia penal y los tribunales de protección civil en El Salvador, Honduras y Guatemala, Estados Unidos está protegiendo y empoderando a las víctimas de la violencia en Centroamérica», argumentó Rubio, representante en el Senado por Florida.
En caso de ser aprobada, esta ley autorizará al secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, a establecer acuerdos bilaterales con los Gobiernos de esos países centroamericanos bajo la denominación de «Pactos de Protección de Mujeres y Niños», por valor de 10 millones de dólares por cada año fiscal 2020, 2021 y 2022.
Después del hipotético inicio de este programa, el secretario de Estado deberá proporcionar al Congreso un informe y sesiones informativas para el personal sobre el progreso realizado al final de cada año fiscal.
