Lisboa.- La Justicia lusa decretó prisión preventiva para 31 de los 35 «arguidos» (sospechosos formales) detenidos esta semana en Portugal por un esquema de tráfico de personas en el sur del país.
El juez consideró que hay indicios de la práctica de crímenes de asociación criminal, tráfico de personas, blanqueo de capitales, falsificación de documentos, entre otros, contra trabajadores en su mayoría inmigrantes que estaban en la región del Baixo Alentejo, recogieron este sábado medios locales.
Sin embargo, decidió que ocho «arguidos» puedan optar a la prisión domiciliaria con vigilancia electrónica si el informe de los servicios penitenciarios se muestra favorable.
Los otros cuatro que no queden bajo prisión preventiva están obligados a presentarse diariamente ante las autoridades y tendrán prohibido el contacto con víctimas y otros detenidos.
El caso salió a la luz este pasado miércoles, cuando la Policía Judicial (PJ) lusa anunció la detención de 35 personas, tanto portuguesas como extranjeras, por formar parte de una red de trata de seres humanos que explotaba a decenas de víctimas en campos agrícolas.
La operación implicó a cerca de 400 efectivos (tanto de la PJ como de la Fiscalía), que cumplieron con 65 órdenes de búsqueda domiciliaria y no domiciliaria en varias ciudades de la región del Alentejo.
«Los sospechosos integran una estructura criminal dedicada a la explotación del trabajo de ciudadanos inmigrantes, en su mayoría, reclutados en sus países de origen, como Rumanía, Moldavia, India, Senegal, Pakistán, Marruecos, Argelia, entre otros, para venir a trabajar en explotaciones agrícolas en esa región», precisó ese día la PJ en un comunicado.
Durante esta operación, la policía aprehendió «varios elementos probatorios» y logró identificar a «decenas de víctimas».
Medios locales divulgaron que el número de víctimas es superior a las 200.
