Washington – La mayoría de ciudades más pobladas de los EE.UU. destinan más fondos al sistema policial y carcelario que a servicios de salud y sociales, sobre todo en aquellas localidades donde la proporción de la comunidad afroamericana con bajos ingresos se acerca o supera a la de los residentes blancos de rentas altas.
“En las ciudades con residentes blancos ricos y también residentes negros pobres, existe una tendencia del proceso político a enfatizar enfoques carcelarios para que los primeros puedan proteger su riqueza”, explica a EFE el profesor Leo Beletsky, de la Northeastern University y de la Universidad de California en San Diego.
Esa inclinación resulta “especialmente aguda” en EE.UU. por la historia arraigada de esclavitud que define el pasado del país.
“Muchos de los sistemas carcelarios que se desarrollaron en EE.UU. tienen raíces muy claras en la esclavitud y la inversión clave en apoyo social está especialmente infrafinanciada en lugares con una historia de opresión”, defiende Beletsky.
Así lo muestra su estudio sobre la priorización de fondos municipales en las 50 ciudades más populosas del país, donde los investigadores han determinado que este fenómeno ocurre en 43 de ellas.
Desde los casos de los afroamericanos George Floyd a Tyre Nichols, las súplicas por recortar la financiación a los cuerpos policiales han ido ganando apoyo en Estados Unidos. De momento, las muertes de Floyd y Nichols a manos de la policía ya se han hecho eco en el Congreso de EE.UU. para avanzar en una reforma policial.
Policía, correccionales, tribunales, fiscalía, defensa pública y supervisión comunitaria son campos en los que se invierte más municipalmente que en servicios sanitarios, vivienda, empleo y espacios públicos como la creación de parques, entre otros.
Según el estudio, las cinco ciudades que más favorecen este gasto en el sistema carcelario son Charlotte (Carolina del Norte), Kansas City (Misuri), Indianápolis (Indiana), Chicago (Illinois) y Mesa (Arizona).
Los habitantes de estas poblaciones también tienen mucho que ver con este fenómeno, ya que al fin y al cabo son quienes votan a los gobiernos municipales, asegura a EFE la directora de Comunicaciones de Mesa, Ana Pereira.
En el caso de esa localidad de Arizona, con un alcalde republicano, sus residentes “priorizan la seguridad pública”, por lo que “no solo se trata de una prioridad de la ciudad, sino también de los votantes”, apunta Pereira.
Pereira recuerda la construcción iniciada hace un par de meses de un nuevo complejo de seguridad pública de bomberos y una subestación de policía, gracias a un bono que fue aprobado por los votantes.
Un sondeo de 2021 del Instituto Morrison muestra cómo cerca del 70 % de los residentes de esta ciudad está “satisfecho o muy satisfecho” con el servicio de policía y la mayoría está de acuerdo con destinar fondos públicos a adquirir recursos para el cuerpo, como cámaras corporales para cada funcionario.
Aunque los datos del gasto de cada Administración son completamente públicos, Beletsky señala que no son del todo transparentes, ya que las urbes “intentan obscurecer las inversiones” en el sistema de cárceles.
En este sentido, si se está construyendo una nueva prisión, es posible que el gasto no esté contabilizado bajo el presupuesto de prisiones, sino bajo el presupuesto de edificios públicos, por lo que hay una “subestimación de los gastos carcelarios”.
Por contra, las cinco ciudades situadas al otro extremo, que favorecen la inversión en servicios sanitarios y sociales, son San Francisco (California), Nueva York, Washington, Seattle (Washington) y Filadelfia (Pensilvania).
Filadelfia es una de la regiones más pobres de EE.UU., con una población de millón y medio de habitantes y una tasa de pobreza de más del 22%. Su director financiero, Robert McDermott, admite a EFE que “cada dólar invertido en una celda de prisión es un dólar no invertido en una escuela o un parque infantil y tendría que minimizarse en la medida de lo posible”.
“El Ayuntamiento ha operado bajo la creencia de que la reducción de presidiarios se producirá a largo plazo si invertimos a corto plazo en el bienestar, la educación y la formación laboral de nuestros residentes”, reivindica McDermott.
Pese al cambio de perspectiva que supuso la pandemia en materia social y de salud, Beletsky avisa de que no ha habido un “cambio real” de prioridades y que el sistema policial y carcelario se sigue llevando gran parte del pastel presupuestario.
