(Tomado de InsightCrime) Un reciente informe sobre la extorsión en el Triángulo Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador) señala que las políticas de encarcelamiento pueden ser un factor que agrava los problemas de extorsión en la región.
La economía criminal de la extorsión en el Triángulo Norte ha alcanzado un valor de al menos US$1.100 millones al año, según el informe “Un seguimiento a los dineros de la extorsión en el Triángulo Norte de Centroamérica” [Extortion in the Northern Triangle of Central America: Following the Money], publicado por Global Financial Integrity en septiembre de este año.
La región está atravesando una crisis de extorsión, delito perpetrado en su mayor parte por las principales bandas criminales de Centroamérica, como la Mara Salvatrucha (MS13) y Barrio 18. En Guatemala, se han registrado más de 100.000 denuncias de extorsión en 11 años, y las cifras muestran un aumento a lo largo del tiempo. En Honduras, el sector del transporte ha estado asediado por las extorsiones, una amenaza que se ha vuelto mortal, pues al menos 40 trabajadores del transporte han sido asesinados en 2022. Y en El Salvador, donde las pandillas carcelarias son responsables de la mayor parte de las extorsiones, la población carcelaria continúa aumentando a medida que el presidente Nayib Bukele continúa su política de mano dura.
A continuación, InSight Crime presenta tres conclusiones del informe.
El papel central de las prisiones
El problema de la extorsión en el Triángulo Norte es consecuencia de las pandillas de la región, cuyas raíces se remontan a las deportaciones de Estados Unidos en las décadas de 1990 y 2000. Este hecho, y las políticas de encarcelamiento masivo, han llevado a la situación que enfrentan los países centroamericanos hoy en día.
Pandillas como la MS13 adoptaron la extorsión a gran escala como una fuente de ingresos cuando sus líderes comenzaron a ser encarcelados. El hacinamiento y la anarquía que se vive en estas prisiones las ha llevado a convertirse en sedes criminales que permiten el crecimiento de las redes de extorsión.
Las prisiones son fundamentales para las operaciones de extorsión. La población carcelaria de Guatemala se triplicó entre 2000 y 2014, lo que ha llevado a que, desde 2020, nueve de cada 10 casos de extorsión estén relacionados con las cárceles. Los abundantes arrestos en El Salvador, que han dejado a más de 50.000 personas en prisión desde fines de marzo de este año, podrían conducir a que las tendencias de extorsión del país sigan un camino similar.
Desde el interior de las prisiones se llevan a cabo numerosas extorsiones telefónicas. En 2019 se informó que casi la mitad de las llamadas extorsivas en Guatemala provenían de algún centro carcelario. Según expertos entrevistados para el informe, los funcionarios del gobierno y las empresas del sector privado tienen la capacidad de bloquear las llamadas desde el interior de las prisiones, pero no lo están haciendo. En 2018 se descubrió además que, en dos prisiones del país, había grupos que estaban utilizando conexiones de Internet ilegales para llevar a cabo extorsiones.
El informe señala que las extorsiones en las cárceles son un ciclo continuo. Los extorsionadores mismos se convierten en víctimas de la extorsión dentro de las prisiones, pues son obligados a pagar dinero para evitar palizas o para acceder a agua potable. Estas víctimas a su vez recurren a las extorsiones como una forma de obtener el dinero que necesitan.
Por otro lado, la extorsión también acentúa los patrones migratorios en la región. El crecimiento de este crimen en el Triángulo Norte tras las deportaciones de Estados Unidos puede conducir a un éxodo de víctimas. Casi una cuarta parte de los salvadoreños que están considerando la migración han sido extorsionados; por otro lado, según el informe, solo el 11 por ciento de los que no están considerando irse lo han sido.
Participación del Estado
En el Triángulo Norte, los funcionarios oficiales corruptos suelen usar sus posiciones de poder para beneficio personal, lo que, según el informe, lleva a que haya “fronteras poco claras entre la corrupción estatal, la captación estatal y la extorsión”.
Existen muchos ejemplos de esto último. En Guatemala, la reelección de la fiscal general Consuelo Porras en mayo de este año fue duramente criticada, dado que en su primer mandato ella tomó una serie de decisiones que menguaron la capacidad del país para combatir la corrupción. El año pasado, la decisión de El Salvador de acabar con el comité anticorrupción respaldado por la Organización de Estados Americanos (OEA) redujo la transparencia internacional; por su parte, el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, quien en varias ocasiones ha sido acusado de corrupción durante su mandato, enfrenta cargos de narcotráfico en Estados Unidos.
Eventos como estos conducen a la extorsión generalizada descrita en el informe, como las extorsiones y amenazas que ejercen los funcionarios de inmigración sobre los migrantes.
Este entorno de corrupción también pone en riesgo la eficacia de las medidas contra la extorsión ya existentes. En Honduras, los funcionarios de la banca, que supuestamente deben reportar las transacciones sospechosas a la Unidad de Inteligencia Financiera del país, no lo hacen por temor a represalias. En Guatemala, un funcionario informó que recibió un mensaje amenazante de la Fiscalía General, en el que le preguntaban por qué estaban “denunciando” a una persona expuesta políticamente.
Delito común pero poco reportado
La extorsión afecta a muchos tipos de personas, a menudo las que se encuentran en situación de pobreza. Casi el 15 por ciento de los hogares guatemaltecos que ganan menos de US$65 al mes reportaron haber sido extorsionados en el último año.
A pesar de la prevalencia de este delito, las víctimas son reacias a denunciarlo. En Guatemala, solo el 35 por ciento de las víctimas denuncian estos delitos. La relación entre extorsión y autoridades lleva a que las víctimas tengan menos confianza en las autoridades. Algunas de las personas que reportan haber sido blanco de las pandillas descubren que a los pandilleros se les informa directamente de las quejas hechas en su contra.
La extorsión es tan común que algunas víctimas la consideran un gasto fijo y diferencian entre lo que denominan “alquiler” o “impuesto de guerra”, que son pagos que se les hacen con regularidad a los grupos criminales, y la “extorsión”, que es un pago adicional. Estos múltiples pagos forzados se suelen realizar en áreas donde las pandillas compiten por el control: las compañías de transporte de San Pedro Sula, Honduras, al parecer les pagan hasta a cinco grupos criminales diferentes al mismo tiempo. Obviamente, esto lleva al cierre de negocios como Transporte Flores en Honduras, que han optado por cerrar sus operaciones por completo debido a las amenazas que representan las extorsiones.
