Madrid – Este lunes se cumple el decimoquinto aniversario del atentado terrorista más grave ocurrido en España, cuando una célula de Al Qaeda hizo explotar diez bombas en varios trenes de cercanías que llegaban a Madrid, lo que causó 192 muertos y más de 1.800 heridos.
Ese ataque terrorista supuso un antes y un después en la respuesta a un atentado y en la lucha contra un terrorismo que España no conocía, pese a que el país estaba acostumbrado a combatir a la banda terrorista ETA.
Del 11 de marzo de 2004 quedan imágenes de solidaridad como las de vecinos que salían en pijama a auxiliar a los heridos, autobuses convertidos en improvisadas ambulancias y cientos de ciudadanos que dejaron su trabajo o sus clases en la universidad para donar sangre.
La masacre yihadista dejó también unos días frenéticos en la escena política ya que sucedió a tres días de las elecciones generales, en las que el entonces gobernante Partido Popular (PP, conservador), con José María Aznar como presidente, perdió el poder, pese a que antes de los comicios tenía mayoría absoluta.
A las pocas horas de los atentados, el entonces ministro del Interior, Ángel Acebes, aseguraba que «no había duda de la autoría de ETA», una respuesta que contradecía la de otros medios, que apuntaban a la hipótesis yihadista y que provocó la desconfianza de la población.
Miles de personas salieron a las calles en solidaridad con las víctimas y al grito de «quién ha sido».
Según la investigación, el atentado fue obra del Grupo Islámico Combatiente Marroquí (GICM), autor de la muerte de 45 personas en Casablanca en mayo de 2003, y las bombas se prepararon en una finca de un pueblo próximo a Madrid.
No había pasado un mes del atentado cuando el 3 de abril la Policía localizó a siete de los terroristas en la localidad madrileña de Leganés. Cercados por los agentes, la célula se suicidó en la casa donde estaban, con una fuerte explosión que también mató a un policía.
El resto de los implicados fueron detenidos y juzgados en la Audiencia Nacional, que en octubre de 2007 condenó a 18 personas.
Los jueces concluyeron que los siete suicidas fueron quienes junto a Jamal Zougam, detenido dos días después, y Otman Gnaoui, arrestado el 30 de marzo, colocaron las mochilas cargadas con explosivos en distintos trenes.
Zougam y El Gnaoui fueron condenados a 42.922 y 42.924 años de prisión, respectivamente, al ser considerados autores de los atentados.
La tercera condena más alta recayó en el exminero español José Emilio Suárez Trashorras, sentenciado a 34.715 años por sustraer los explosivos y suministrarlos a la célula terrorista.
En este tiempo, el Estado español ha indemnizado a las víctimas con más de 318 millones de euros (unos 357 millones de dólares).
Aún cerca de 200 heridos o familiares de fallecidos necesitan ayuda psicológica por estrés postraumático, ansiedad o depresión y 89 sufren heridas que les han dejado totalmente inválidos o incapacitados para trabajar.
Quince años después, las fuerzas de seguridad españolas han reforzado la lucha contra el terrorismo internacional hasta multiplicar por cinco sus efectivos especializados y han detenido a unas 800 personas en España y a 102 en operaciones en otros países.
Pese a todo, en agosto de 2017 una célula yihadista asentada en Cataluña (noreste) causó 16 muertos en dos ataques: 14 personas fallecieron atropelladas por una furgoneta en una céntrica calle de Barcelona, otra murrió apuñalada por el conductor mientras intentaba huir y una mujer falleció en un atentado en la localidad costera de Cambrils (Tarragona).
