Tegucigalpa (Especial Proceso Digital) – Una periodista televisiva en estado de embarazo denunciaba hace escasos días, en Tegucigalpa, como a través de redes sociales, le amenazaban con “sacarle el hijo” debido a sus opiniones en los espacios noticiosos en los que participa. Su caso se reedita a menudo en este país donde la protección de los periodistas y comunicadores es precaria o casi nula.
– Reporteros Sin Fronteras (RSF), presentó este martes un estudio en el que se analizan los mecanismos de protección para periodistas en Honduras, México, Colombia y Brasil, los cuatro países de Latinoamérica con mayor violencia contra los comunicadores de 2010 a la fecha.
– Ninguno de los cuatro países comprendidos en el informe tiene medidas específicas para afrontar la mayor vulnerabilidad de las periodistas mujeres y de la población LGTBIQ+
– Los asesinatos, pero también las agresiones físicas, el espionaje, las amenazas y hasta el decomiso de materiales son parte del contexto que coloca a la prensa en un escenario delicado donde las vidas de los periodistas, en muchos casos, penden de un hilo.
La falta de voluntad política y la raquítica asignación de recursos hacen que del Sistema de Nacional de Protección para Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores y Operadores de Justicia (SNP), no funcione debidamente en Honduras, un país que junto a México, Colombia y Brasil concentran el 90% de los periodistas asesinados en América Latina entre 2012 al 2021, revela un informe de Reporteros Sin Fronteras (RSF), difundido este martes.
A las escalofriantes cifras, se agrega en el estudio, solo en dos meses de lo que va de este año al menos siete periodistas han sido asesinados en esos países.
Las muertes violentas de periodistas y comunicadores, dice RSF, solo son un asomo de las violencias y la censura contra la prensa y las libertades de expresión y de prensa en la región, particularmente en los países comprendidos en el estudio.
Las agresiones físicas, el espionaje, las amenazas y hasta el decomiso de materiales son parte del contexto que coloca a la prensa en un escenario delicado donde las vidas de los periodistas, en muchos casos, penden de un hilo.
Las presiones de defensores de los derechos humanos y de las libertades, han logrado que, tanto en Honduras como en los otros tres países, se instalen mecanismos para proteger a los periodistas y defensores humanitarios, pero estas instancias presentan falencias que impiden una gestión óptima, lo que genera que los riesgos instalados se mantengan, aún bajo el manto de su cobertura, se externa en el análisis de Reporteros Sin Fronteras.
RSF busca con este estudio comparativo, una mayor eficiencia en la práctica de los sistemas de protección para periodistas, desde una perspectiva regional, por ello, el diagnóstico de cada programa va acompañado de 80 recomendaciones.
En los cuatro países analizados, se colige la urgencia de implementar cambios para orientar los sistemas y dar respuestas eficaces a la violencia estructural contra periodistas y comunicadores.
Las mujeres y la comunidad LGTBIQ+
Asimismo, se en relieve que ninguno de los mecanismos evaluados tanto en Honduras como en México, Brasil y Colombia, tienen medidas específicas para afrontar la mayor vulnerabilidad de las periodistas mujeres, ni contempla medidas específicas para remediar la situación.
Los planes ignoran la violencia de género en el caso de mujeres y la población LGTBQ+ así como el impacto en ellas y sus familias.
Estas deficiencias, dice el reporte de RSF, alimentan la desconfianza generalizada por parte de los beneficiarios del programa de proyección y las organizaciones civiles que trabajan en ese contexto.
Honduras
En el caso de Honduras, existe desde 2015 un Sistema Nacional de Protección para Defensores Humanitarios, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia. En este ámbito, la falta de voluntad política se refleja en el insuficiente presupuesto y apoyo de personal técnico que permita blindar debidamente a 146 acogidos al mecanismo para realizar los adecuados análisis de riesgo.
En 2021 el mecanismo apenas dispuso de 430 mil dólares, una cifra insuficiente para el idóneo cumplimiento de su propósito fundamental, detalla RSF en su análisis.
Agrega que los recursos dependen de la llamada Tasa de Seguridad Poblacional, tanto para instalación de mecanismo de seguridad o reubicación de los beneficiarios del programa.
A ello se agrega que las medidas de protección generalmente se aplican tarde tanto de parte de la Policía Nacional como del propio Ejército; seguidamente detalla que estos cuerpos de seguridad son en muchas ocasiones, los que generan las agresiones, lo que hace que los acogidos al programa de protección se sientan vulnerables y con desconfianza al momento de poner su seguridad en manos de potenciales agresores.
En el caso de los periodistas desplazados, concluye el estudio, son víctimas de enorme impacto psicológico y económico porque el regreso al hogar, tras el aislamiento, es prácticamente imposible puesto que las investigaciones que deberían realizarse sobre las amenazas de las que son víctimas nunca ocurren.
En tanto, en el Consejo Nacional de Protección (CNP), órgano encargado de proponer las grandes líneas sobre políticas de protección en Honduras, “los representantes de la sociedad civil denuncian regularmente que no obtienen respuesta a demandas de protección ya antiguas, así como no hay transparencia sobre los criterios utilizados para rechazar solicitudes sobre los avances en las investigaciones y la forma en la que son empleados los recursos” indica en su diagnóstico el informe.
En ese sentido, RSF recomienda que el SNP cuente con una asignación presupuestaria independiente que puede provenir específicamente de la Tasa de Seguridad o del presupuesto general del país.
Igualmente consideran indispensable que el Comité Técnico, órgano que delibera sobre los casos, tenga acceso a informes trimestrales sobre el funcionamiento del SNP, especialmente a los datos sobre el nombre de los beneficiarios, el origen de las amenazas y agresiones, los criterios utilizados para el análisis de riesgo y el rechazo de casos entre otros. Todo ello acompañado sobre el detalle del presupuesto invertido.
Asimismo, recomiendan un debate sobre la ley que dio lugar a la creación del mecanismo, en el que la sociedad civil participe activamente, para reforzar la institucionalidad dotándola de independencia y autonomía.
Consideran imperativo que los plazos y las medidas de protección que se demanden de los cuerpos de seguridad sean materializados de forma rigurosa y en el más pronto espacio temporal. Igualmente, garantizar la protección integral de los acogidos al mecanismo tanto durante el desplazamiento como cuando tengan la posibilidad de retornar o no a su entorno laboral.
México
En el caso de México, el Mecanismo Federal para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas fue creado en 2012 y no obliga a los gobiernos locales a hacerse cargo de la protección de los periodistas.
A pesar de la existencia, desde 2017, de un Protocolo Nacional de Coordinación, sólo 12 de los 32 estados de México tienen una unidad estatal de protección que trabaja coordinada con el mecanismo federal. La mayoría de estos estados carecen de recursos financieros y humanos suficientes, mientras que otros han preferido crear mecanismos autónomos.
Brasil
El sistema de protección brasileño puesto en marcha en 2005, un año después de su creación, es colaborativo entre los estados y el gobierno central, pero depende de la voluntad política de los gobernadores, “genera trabas burocráticas y crea complicaciones para la implementación de los dispositivos de implementación de los dispositivos de protección llegando a poner a sus beneficiarios en peligro”, indica el diagnóstico formulado en el análisis de Reporteros Sin Fronteras.
Colombia
En Colombia el sistema para protección de los periodistas es el de más antigüedad en la región, inició en el 2000 y años después se integró a la Unidad Nacional de Protección (UNP), un mecanismo autónomo creado en 2011 y que presta protección a 16 grupos poblacionales específicos.
UNP tiene el monopolio en la práctica de la protección subcontratando a empresas privadas de seguridad y casi el 70% de su presupuesto se destina a pago de escoltas, carros blindados y dispositivos de telecomunicaciones.
“Las prestaciones de la UNP se reducen generalmente a medidas de seguridad física en detrimento de la protección integral”. Los empleados de empresas privadas, a menudo expolicías y militares marcados por décadas de conflicto armado, mantienen aún una lógica de confrontación contra “el enemigo interno” y no están ni formados ni sensibilizados con la temática de los derechos humanos, el género o de diversidad étnica.
