Rechazan solicitud de desempleo a «tepesianos» por confusión con sus permisos

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Potenciales buscadores de empleo hablan con empleadores en una feria de búsqueda de trabajo en Nueva York (EEUU). EFE/Andrew Gombert/Archivo

Los Ángeles – Explicarle a un funcionario estatal como es que su permiso de trabajo está vigente si la tarjeta que presentan se venció en 2019 se ha convertido en un reto casi imposible de lograr para inmigrantes amparados por el Estatus de Protección Temporal (TPS) y que perdieron su trabajo por la pandemia de COVID-19 y están tratando de que les aprueben sus beneficios de desempleo.

Este es el desafío al que se enfrenta la salvadoreña Heidi Cortez quién perdió su empleo como mesera en un restaurante en el área de San Francisco, California, por culpa de la pandemia, y lleva casi tres meses tratando de que le aprueben su petición.

“La persona que me llamó me dijo que no era elegible por mi estatus migratorio porque mi permiso de trabajo se había vencido», relató a Efe Cortez, de 41 años.

CONFUSIÓN RAZONABLE

La inmigrante que está protegida por el TPS desde 2001 asegura que entiende la confusión de los empleados estatales. Incluso para ella es un poco difícil tratar de explicarlo.

Y es que la tarjeta de permiso de trabajo de la salvadoreña tiene como fecha de expiración el 9 de septiembre del 2019, tiempo en el que terminaría la protección para los cuscatlecos después que el Gobierno del presidente Donald Trump decidiera poner fin al beneficio.

Pero tras varias demandas, la Casa Blanca extendió el TPS para varios países, en el caso de los salvadoreños el amparo está vigente hasta el 4 de enero del 2021.

“Esta confusión es causada por el Gobierno Trump”, advierte a Efe, Oscar Chacón, director ejecutivo de Alianza Américas, que agrupa a decenas de organizaciones defensoras de los «tepesianos», como se le conoce a los favorecidos por este programa.

“Se fueron por la vía más fácil y sólo publicaron la extensión en papel en vez de enviar las tarjetas de forma gratuita”, agrega.

Cortez dijo que la “están poniendo como una persona que no puede demostrar documentos autorizados para trabajar en el país”.

Tras una larga conversación con la funcionaria del Departamento de Desarrollo del Empleo de California (EDD), Cortez tuvo que enviar una carta de apelación de su caso que había sido denegado adjuntando 27 paginas del Registro Federal donde se explica porque aún es un inmigrante con permanencia legal.

“Le resalté todos los párrafos que hablaban de los salvadoreños”, advierte la cuscatleca que llegó a la edad de 14 años al país.

A este obstáculo se suma que la familia de Cortez no recibió el estimulo federal, ya que su esposo no cuenta con documentos. Irónicamente el inmigrante mexicano que es un “trabajador esencial “ es el que ha logrado pagar el techo de la familia de cinco personas.

“Sólo con lo de él no nos alcanza. Yo ya me gasté mis ahorros, y estoy necesitando ese dinero para pagar mi carro y pagar el mercado”, señala la inmigrante.

SIN UNA CASILLA PARA COLOCAR LA INFORMACIÓN

El mismo reto lo está enfrentando José, un amparado por el TPS, que prefirió no revelar su apellido.

El inmigrante trabajador del sector hotelero de Las Vegas dijo que lleva lidiando tres meses con este problema, y no lo ha podido resolver.

“Me reclamaron que porque no puse la información en la casilla, y les dije que no vi ninguna casilla para explicar todo esto”, advierte en tono frustrado el migrante salvadoreño.

UN PROBLEMA CONSTANTE

Teresa Tejada, directora de la Asociación de Salvadoreños de Los Ángeles (ASOSAL), asegura que este problema no es exclusivo de las oficinas del desempleo.

También se presenta con los departamentos que expiden las licencias, proveedores de salud e incluso empleadores.

“Estamos lidiando constantemente con los jefes de recursos humanos que quieren ver una tarjeta con una fecha vigente, es realmente un dolor de cabeza”, advierte Tejada.

Este problema fue identificado por la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno (GAO). En un informe presentado el pasado 4 de abril, este órgano independiente que trabaja para el Congreso descubrió que no toda la orientación del Gobierno sobre el TPS explica a los empleadores que las cartas son una prueba aceptable de autorización, lo que provocó que algunos beneficiados perdiesen sus empleos.

«La guía publicada por la Oficina de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) no ha identificado consistentemente las notificaciones enviadas individualmente como un mecanismo que puede usarse, lo que genera confusión sobre la elegibilidad laboral de los beneficiarios y, según se informa, da como resultado la terminación del empleo de algunos beneficiarios», destacó GAO.

EDUCAR A FUNCIONARIOS EN TIEMPOS DE CORONAVIRUS

Alianza América, y sus afiliados está lanzando un esfuerzo para educar sobre los beneficiados del TPS y sus derechos a los funcionarios de los departamentos de desempleo, saturados por las solicitudes a raíz de la pandemia del coronavirus,

Chacón advierte que los mayores obstáculos los enfrentarán en estados conservadores como Texas y Alabama debido a la resistencia de los gobiernos estatales sobre estos temas.

De acuerdo con el USCIS, hay en el país más de 310.000 inmigrantes amparados por el TPS y los contingentes mayores son casi 200.000 salvadoreños, 57.000 hondureños y 46.000 haitianos.

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