Madrid – La reubicación obligatoria de menores inmigrantes no acompañados ha generado un enfrentamiento entre el Ejecutivo español y gran parte de las regiones, la mayoría gobernadas por los conservadores, pues consideran que esto contraviene sus competencias, de manera que han presentado o anunciado recursos judiciales.
El Gobierno, dirigido por el socialista Pedro Sánchez, exige que las regiones cumplan con el reparto de los menores llegados al archipiélago atlántico de Canarias y a las ciudades norteafricanas de Ceuta y Melilla, ya que sufren una gran presión migratoria y sus instalaciones y personal de asistencia se encuentran desbordados ampliamente desde hace tiempo.
El Boletín Oficial del Estado publicó este miércoles el último decreto aprobado por el Gobierno para la distribución entre regiones, que fija la capacidad ordinaria de acogida de cada una y entra en vigor el jueves.
El objetivo es derivar unos tres mil menores al territorio peninsular español y también los que lleguen a Canarias, Ceuta y Melilla a partir de septiembre.
Al margen de este proceso, el Gobierno comienza a asumir la atención de otro millar de menores solicitantes de asilo, según ordenó el Tribunal Supremo.
Varios ministros advirtieron hoy de que las regiones están obligadas a cumplir con la ley que regula esta derivación de estos jóvenes extranjeros y que, de no hacerlo, habrá consecuencias legales y tendrán que actuar las fuerzas de seguridad.
«No me cabe en la cabeza que nadie vaya a negarse» a acogerlos en los territorios respectivos, aseguró el titular de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en Televisión Española. En caso contrario, «lógicamente tendrían que intervenir las fuerzas y cuerpos de seguridad y hacer que se cumpla la legislación», avisó.
La reacción fue inmediata por parte de Marga Prohens, presidenta conservadora de las islas Baleares (Mediterráneo), donde la inmigración irregular procedente del norte de África ha repuntado fuertemente los últimos meses. Calificó de «amenaza y matonismo» la advertencia de Torres.
Canarias triplica su capacidad de acogida
El Gobierno asegura que los parámetros para aplicar la reubicación son objetivos y transparentes: pueden pedir el traslado de menores las regiones que tripliquen el ratio de acogida de 32,6 por cada cien mil habitantes, y se aplicarán, además, criterios como el esfuerzo previo, la renta, la insularidad o la situación fronteriza.
Es el caso de Canarias, que triplica el ratio de inmigrantes menores no acompañados. Sus autoridades han pedido humanidad al resto de regiones, con el argumento de que acoger a estos menores no puede ser un problema en un país de 49 millones de habitantes.
«Hay que aprender a gestionar la cuestión migratoria con dignidad y no utilizarla como una herramienta para la política xenófoba y fascista que en muchas ocasiones tiene que ver con el color de piel», dijo el presidente canario, Fernando Clavijo.
Recordó el recibimiento dado a miles de ucranianos que huyeron de la invasión rusa y la guerra «sin esta contestación por parte del populismo de derechas xenófobo y fascista».
Entre otras quejas, las regiones donde se reubicarían los menores denuncian imposición y falta de diálogo, mientras que el Gobierno les reprocha que rehusaran participar en una reunión para tratar la regulación de esta cuestión.
También es motivo de fuerte crítica que las regiones del País Vasco y Cataluña puedan quedar exentas del reparto porque se considera que ya hicieron un esfuerzo suficiente en ese sentido. Los conservadores creen que es un trato de favor con implicaciones políticas, algo que niega el Gobierno. EFE
