Washington – Los republicanos defendieron este miércoles la gestión del expresidente de EE.UU. Donald Trump (2017-2021) de la frontera con México frente a las políticas de su sucesor presidente Joe Biden, en la primera investigación parlamentaria sobre la afluencia de inmigrantes y los problemas de seguridad en la zona.
“Con el presidente Donald Trump la frontera era segura. Con el presidente Joe Biden no hay frontera, y los estadounidenses están pagando el precio”, dijo el legislador republicano Jim Jordan, presidente de la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes, en la apertura del debate.
Dicho comité empezó este miércoles a escuchar los argumentos sobre la crisis migratoria y la inseguridad en la frontera sur del país, que los republicanos atribuyen a la gestión de la Administración de Biden.
Esta investigación legislativa llega por el empeño del Partido Republicano de llevar el tema ante ese comité con el objetivo de hacer rendir cuentas a la Administración de Biden, que, a su juicio, es responsable de la crisis migratoria en la frontera del país.
La audiencia ha contado con tres testimonios: Brandon Dunn, un padre que perdió a su hijo por una sobredosis de fentanilo; Mark Dannels, sheriff del condado de Cochise (Arizona) -ambos propuestos por los republicanos-; y Ricardo Samaniego, juez de El Paso (Texas) -presentado por los demócratas.
Dunn aludió a que el “fentanilo ilícito”, la droga que le arrebató a su hijo Noah, de 15 años, el pasado agosto “es principalmente manufacturado en México por los cárteles de la droga e introducido al país a través de la frontera sur”, algo que ha llevado a una epidemia de muertes por esta droga.
A su vez, Dunn dejó claro que “no se trata de un problema de inmigración, sino de la frontera”.
Otro de los testimonios propuesto por los republicanos fue el sheriff Dannels, que aseguró haber visto “lo bueno, lo malo y lo feo” de la frontera de su condado, que definió como “la mayor escena del crimen en este país” en cuanto a “seguridad pública, nacional y humanitaria”.
Al ser preguntado por el legislador republicano Darrell Issa sobre si había notado una diferencia entre la Administración de Trump y la de Biden, el sheriff aseveró que “fue mejor bajo el presidente Trump”.
“Esto es lo peor que he visto principalmente debido a la agresión por parte de los cárteles y los actos agravados hacia las fuerzas del orden”, admitió.
El testimonio propuesto por los demócratas, el juez Ricardo Samaniego, defendió que “no hay una frontera abierta en El Paso, ni existe una invasión de migrantes” a la comunidad estadounidense, sino que es solo una “falsa y racista narrativa que perpetúa la violencia”.
Samaniego quiso matizar que “humanitarismo y seguridad” no son excluyentes y señaló que es responsabilidad del Gobierno federal garantizar ambas: “No necesitamos milicia ni vigilancia policial, nuestra estrategia ha sido extremadamente eficaz sin recurrir a las fuerzas del orden, y hemos sufrido enormemente por no contar con el apoyo adecuado del gobierno estatal.”
En esta línea se pronunciaron demócratas como Hank Johnson, que describió la investigación como “una distracción” ante la falta de acuerdo de los MAGA (los seguidores de Donald Trump).
Según Johnson, la intención “draconiana” de denegar todo asilo es una “política cruel” que difiere de la “humanidad” de las políticas de Biden.
Otro de los demócratas, Ted Lieu achacó que la investigación vaya dirigida contra “la crisis de Biden”, cuando lleva siendo una crisis “por más de medio siglo”, y apuntó que el único responsable para solucionar este problema es el Congreso con sus leyes.
También recordó que el Congreso tuvo la oportunidad de hacerlo con un proyecto de ley bipartidista de reforma integral de la inmigración que fue aprobado por el Senado de EE.UU., pero que no prosperó por los republicanos de la Cámara de Representantes.
En el punto de mira de los republicanos también está el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, por la gestión de la frontera con México tanto en materia migratoria como de narcotráfico y sobre el cual la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes iniciará la próxima semana una investigación legislativa con la meta de abrirle un juicio político.
