Vista de un grupo de profesionales hispanos. EFE/Archivo

Tucson (AZ) – Activistas lamentaron hoy jueves la decisión de la Corte Suprema de Arizona que permite al fiscal estatal, Mark Bnovich, tratar de recuperar fondos que considera fueron otorgados de manera ilegal a «soñadores» cuando universidades y colegios comunitarios les concedieron colegiaturas reducidas como residentes del estado, y consideraron que se debe cortar el problema de raíz y eliminar la ley estatal 300.

La Corte Suprema del Estado de Arizona falló ayer en favor de Bnovich indicando que tiene el derecho de tratar de recuperar esos fondos.

“La Ley 300 de Arizona ha sido la base para todos estos ataques en contra de los soñadores y debemos eliminarla de una vez por todas”, dijo hoy a Efe Dulce Matuz, activista y cofundadora de la Coalición del Acta del Sueño en Arizona.

La Ley 300, aprobada en 2006 por los votantes de Arizona, les niega a los jóvenes indocumentados el derecho de pagar colegiaturas como residentes en colegios comunitarios y universidades sin importar cuántos años tengan viviendo en el estado o si se han graduado de secundarias locales.

La legislación los obliga a pagar colegiaturas como estudiantes extranjeros. Sin embargo las universidades y colegios comunitarios comenzaron a ofrecer colegiaturas más bajas a estudiantes beneficiados por el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), conocidos como soñadores.

Matuz sostiene que mientras exista la Ley 300 siempre servirá de base para que políticos en Arizona ataquen a los soñadores, por lo que considera que se debe luchar nivel local para eliminarla ya sea con la ayuda de la legislatura estatal o en las urnas.

“Arizona acaba de enviar un fuerte mensaje de cambio al votar en favor del presidente electo Joe Biden. También aprobamos una ley que otorga más fondos a las escuelas”, señaló.

La decisión de la Corte Suprema de Arizona permite a Brnovich presentar un caso legal en contra de la Junta de Regentes de las tres universidades estatales de Arizona sobre las colegiaturas reducidas que les fueron otorgadas a los soñadores ente 2015 y 2018.

En 2018 la Corte falló en contra de los soñadores negándoles el derecho de pagar colegiaturas como residentes del estado.