Roma.– El líder de la ultraderechista Liga, Matteo Salvini, será juzgado en Italia a partir del próximo 15 de septiembre por un supuesto delito de secuestro de personas por bloquear a unos 150 migrantes en el Mediterráneo durante más de 20 días a bordo del barco español Open Arms en agosto de 2019, cuando era ministro del Interior.

Así lo ha decidido hoy un juez del Tribunal de Palermo (Sicilia, sur), después de que la Fiscalía pidiera procesarlo y la defensa de Salvini alegara que la decisión fue tomada por todo el Gobierno y no solo por el extitular de Interior.

SALVINI DICE QUE SU JUICIO ES POLÍTICA

«Si me preguntáis si voy a casa preocupado, no. He cumplido mi deber (…) la defensa de la patria. No era un ciudadano normal, era un ministro que se ocupaba de seguridad pública. Lo hice con orgullo y lo volvería a hacer de nuevo», afirmó Salvini en una especie de rueda de prensa improvisada en Palermo, tras la decisión del tribunal.

El líder ultraderechista señaló que esta «ha sido una batalla política, apoyada por algunos partidos» y cargó contra Open Arms para decir que «no es una ONG que se ocupa de salvamento, es una ONG que hace política»: «Òscar Camps me interesa cero», dijo.

Subrayó que su decisión de no permitir a estas personas llegar a Italia no fue secuestro y que los secuestradores fueron en todo caso los miembros de la ONG: «Si alguien está durante 13 días en el Mediterráneo buscando migrantes cuando el puerto español más cercano está a dos días» esa persona es la secuestradora, apuntó.

Insistió en que Open Arms podría haber ido a cualquier otro país para desembarcar a estas personas y no lo hizo, y pidió «reforma de la Justicia» en Italia, después de que la Fiscalía de Catania (sur) pidiera el pasado 10 de abril archivar la causa en otro proceso similar, en este caso por bloquear un barco militar con 131 inmigrantes a bordo en julio de 2019.

Este sábado, la abogada de Salvini, Giulia Bongiorno, expuso durante cuatro horas los argumentos para pedir que no se celebrara el juicio y justificó que la decisión de no permitir a estas personas desembarcar en Italia fue adoptada por todo el Gobierno, de manera conjunta.

«Juez, no deje que la sentencia sustituya a las urnas», concluyó Bongiorno, según los medios locales.

«No ha habido ninguna limitación de la libertad, este barco tenia la posibilidad de ir a donde fuera, solo tenía una prohibición de entrar a un puerto (Italia), pero podía ir a otros sitios», ha dicho después, en la declaración a la prensa junto con Salvini.

Los hechos se remontan a agosto de 2019, cuando el entonces ministro del Interior negó durante 21 días el desembarco de unos 150 migrantes, que habían sido rescatados en el mar por el buque de la ONG española.

Tras más de dos semanas en el mar esperando una decisión de algún país europeo, el Gobierno español ofreció el puerto de Algeciras y después el de Mahón para que el Open Arms llevar a estas personas, pero la organización rechazó esta hipótesis por el cansancio físico y psicológico de las personas a bordo.

La odisea concluyó en la noche del 20 de agosto, cuando la Fiscalía permitió el desembarco en Lampedusa de los 83 inmigrantes que quedaban a bordo, pues muchos habían sido evacuados antes e incluso se habían tirado al agua para llegar a nado a la costa.

UN PRECEDENTE HISTÓRICO

«De parte de Open Arms, consideramos que en el día de hoy se sienta un precedente histórico y judicial decisivo para frenar las políticas europeas que están ocasionando una crisis humanitaria en el Mediterráneo», destacó el fundador de Open Arms, Òscar Camps, en un encuentro virtual con los medios.

Camps apuntó que «con independencia de la sentencia, este juicio es un hito para sacar a la luz los verdaderos problemas y sentar en el banquillo a los responsables de los cierres de puertos y el dolor de tantas personas» y puede servir para demostrar que no puede haber un poder «que esté por encima de los derechos humanos y el respeto a la vida».