Los cuatro funcionarios nombrados por Donald Trump desde que llegó a la presidencia han permanecido en el puesto, en promedio, ocho meses. Kevin McAleenan se sumó hace una semana a la lista de quienes han renunciado al cargo tras intentar ejecutar la agresiva política migratoria del presidente. Todavía no tiene sustituto.

Desde que asumió el poder en enero de 2017, Trump ha nombrado a cuatro funcionarios que, en promedio, han permanecido en el cargo poco más de ocho meses; dos de ellos ejercieron sus funciones en calidad de encargados, y nunca fueron postulados formalmente ante el Congreso para liderar los que Trump considera sus programa bandera de campaña y gestión.

El Departamento de Seguridad Nacional es el tercero más grande del gobierno de Estados Unidos: maneja 240,000 empleados, 20 agencias y un presupuesto de 60,000 millones de dólares. Su dirección ya lleva una semana vacante.

A pesar de sus breves mandatos, los cuatro secretarios han sentado profundos precedentes en la aplicación y modificación de las normas que regulan la migración y el trato que se les da a los migrantes en territorio estadounidense.

El primero de estos secretarios, el general John Kelly , legó las nuevas y guías y memorandos para implementar las primeras órdenes ejecutivas aprobadas por Trump para agilizar las deportaciones y dificultar la petición del beneficio de asilo.

Elaine Duke, secretaria encargada por cuatro meses, defendió la separación de familias migrantes en la frontera sur de Estados Unidos y firmó la eliminación de los Estatus de Protección Temporal (TPS) que amparaban de la deportación a haitianos y a nicaragüenses.

La secretaria Kirstjen Nielsen, quien más tiempo ocupó el cargo, implementó la política de «tolerancia cero», con la expectativa de reducir en 75% la inmigración indocumentada a Estados Unidos, y fue la principal responsable de la separación de al menos 2,300 niños migrantes de sus padres.

El último titular, Kevin McAleenan, intentó mitigar la crisis fronteriza negociando con los países del Triángulo Norte –Guatemala, El Salvador y Honduras– los acuerdos de «tercer país seguro». Pero topó con el escándalo de las deplorables condiciones en las que viven los niños migrantes bajo custodia del Estado.