Tegucigalpa – El sector agrícola hondureño enfrenta una crisis múltiple derivada de la sequía prolongada, el deterioro de la reserva estratégica de granos y las denuncias de corrupción vinculadas al Bono Tecnológico Productivo entre 2022 al 2024.
– Dos millones de quintales de maíz y frijol, se dejarán de producir en el corredor seco por la sequía que ocasionará la canícula prevista del 15 de julio hasta los primeros días de octubre.
– Seis departamentos permanecen en fase 3 -crisis-, 13 departamentos están en fase 2 -acentuada-. Mientras Gracias a Dios mantiene entre 40 % y 50 % de su población en crisis alimentaria desde el 2020.
La falta de lluvias y la acentuada sequía han provocado un desfase en los cultivos de maíz y frijol, afectando la siembra de primera y reduciendo la capacidad de respuesta de miles de pequeños productores que dependen de estos ciclos agrícolas para garantizar su subsistencia.
Entre los factores que agravan la situación destacan los efectos del fenómeno de El Niño, que ha provocado sequías e inundaciones, afectando la producción agrícola, especialmente de granos básicos como maíz y frijol. Asimismo, al menos 75 municipios han sido declarados en emergencia por la sequía, lo que incrementa la vulnerabilidad de las familias que dependen de la agricultura.
Un reciente informe del Observatorio Universitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional (OBSAN), también identifica al Corredor Seco y al Litoral Atlántico como las zonas con mayor exposición al riesgo. En el primero predominan las pérdidas agrícolas ocasionadas por la variabilidad climática, mientras que en el segundo la vulnerabilidad está relacionada con la exposición de la infraestructura y la informalidad laboral.
Esta situación se agrava en un contexto donde los incentivos estatales destinados a apoyar la producción quedaron marcados por presunta y denunciada corrupción e irregularidades en su distribución. El Bono Tecnológico pasó a ser reconocido por las propias autoridades como un instrumento mal utilizado, desviado de su fin fundamental. La politización de las ayudas agrícolas pasó una alta factura a la seguridad alimentaria.
De tal forma que el Bono Tecnológico Productivo —un programa que debería fortalecer la siembra de primera mediante la entrega de semillas e insumos— enfrenta denuncias por su venta irregular y por prácticas que desvían su propósito original. Aunque el gobierno de Xiomara Castro destinó fondos para beneficiar a más de 650,000 productores, autoridades de DICTA reconocieron que existen reportes de personas que comercializaron el bono en lugar de utilizarlo para la producción, afectando la transparencia del programa y debilitando su impacto real en el campo.
Las investigaciones del Ministerio Público revelan que más de 77 mil quintales de maíz y alrededor de 137 mil quintales de frijol almacenados por el Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA) presentan daños severos que los vuelven inutilizables para el consumo humano. Parte de estos granos, según análisis técnicos de Zamorano y DICTA, requieren tiempos de cocción de hasta tres horas, lo que los hace inservibles y confirma una negligencia en la rotación y manejo de inventarios.
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En paralelo, el deterioro de la reserva estratégica representa una pérdida financiera superior a los 85 millones de lempiras, además de un golpe directo a la seguridad alimentaria del país. Los frijoles importados desde Nicaragua en 2023 permanecieron almacenados durante casi tres años sin recibir el tratamiento adecuado, rompiendo la cadena lógica de inventarios y acelerando su daño. Productores advierten que el maíz almacenado corre el mismo riesgo si no se aplican procesos de soplado y oxigenación oportunos.
La combinación de sequía, pérdidas en la reserva estratégica y la heredada corrupción en los incentivos agrícolas genera un escenario de vulnerabilidad que compromete la capacidad del país para enfrentar la reducción de lluvias y garantizar el abastecimiento de granos básicos. Los productores, especialmente los de subsistencia, quedan expuestos a mayores costos, menor disponibilidad de insumos y una oferta alimentaria debilitada en los mercados locales.
La inseguridad alimentaria en Honduras continúa siendo una problemática crítica que afecta a millones de ciudadanos, según un estudio comparativo realizado entre 2019 y 2025 por el Observatorio de Seguridad Alimentaria de la UNAH.
La coordinadora del observatorio, María Luisa García, insiste que las estrategias actuales parecen ser paliativas y no estructurales, lo que impide una reducción sostenida del problema. Advirtió que, de mantenerse las condiciones actuales, la cifra podría elevarse a 2.2 millones de personas al cierre de 2026, retornando a niveles similares a los registrados durante la pandemia.
Este panorama exige acciones inmediatas y coordinadas: auditorías profundas en el manejo de inventarios del IHMA, procesos y sanciones por prácticas irregulares en la distribución del Bono Tecnológico, y medidas de mitigación ante la sequía que permitan recuperar la producción nacional. Sin una intervención efectiva, Honduras podría enfrentar un incremento sostenido en los precios de los granos básicos y un deterioro aún mayor en la seguridad alimentaria.
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Auditoría del TSC a la SAG
Recién hace unas horas, el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) confirmó que mantiene en desarrollo una auditoría financiera y de cumplimiento legal en la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), luego de una denuncia relacionada con la presunta falta de liquidación e irregularidades en la entrega del Bono Tecnológico Productivo.
El portavoz del TSC, Rodolfo Isaula, informó que la auditoría comprende el período del 27 de enero de 2022 al 26 de enero de 2026 y forma parte del Plan Operativo Anual del ente contralor.
La comisión auditora fue instalada en la SAG a inicios de este año para revisar de manera integral la ejecución presupuestaria y el cumplimiento de la normativa legal, indicó.
Explicó que, además de analizar la administración de los recursos asignados a la Secretaría, la auditoría incorporó una denuncia pública presentada en mayo pasado sobre una posible falta de liquidación del Bono Tecnológico Productivo, un programa destinado a apoyar a productores agrícolas del país.
El funcionario aclaró que la auditoría no se limita únicamente a revisar la denuncia sobre el Bono Tecnológico Productivo, sino que abarca toda la gestión presupuestaria de la dependencia estatal durante los últimos cuatro años, incluyendo los mecanismos de control, la ejecución de los recursos y el cumplimiento de las disposiciones legales.
Indicó que la comisión auditora también revisa aspectos relacionados con los procesos de entrega del Bono Tecnológico Productivo, incluyendo si durante la administración anterior de la SAG se efectuaron las verificaciones correspondientes al momento de distribuir los insumos a los beneficiarios.
Una vez concluidas las investigaciones, el Tribunal Superior de Cuentas elaborará un informe final en el que se consignarán los hallazgos detectados, las recomendaciones que deberán ser atendidas por la institución y, de existir mérito, las posibles responsabilidades de carácter administrativo, civil o penal.
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Respaldo a auditoría y denuncia de irregularidades
De su lado, el representante de los productores de granos básicos de Honduras, Obdulio Medina, reaccionó a la auditoría que realiza el TSC sobre la denuncia por la presunta falta de liquidación del Bono Tecnológico Productivo, asegurando que la investigación permitirá esclarecer el manejo de los recursos destinados al apoyo del sector agrícola.
Manifestó que durante el período gubernamental comprendido entre 2022 y 2026 no fue tomado en cuenta dentro del programa, aunque aseguró que en determinado momento se le ofreció la entrega de 25 bonos productivos.
El dirigente explicó que rechazó esa propuesta porque consideró que su firma podía interpretarse como un beneficio personal, cuando su interés era que los insumos llegarán a los pequeños productores que realmente los necesitaban.
«Me quisieron tomar en cuenta con 25 bonos, pero no quise estampar mi firma porque con un bono que me entregaran iba a aparecer como beneficiario, cuando mi lucha siempre ha sido para los pequeños productores», expresó.
Sostuvo que durante la ejecución del programa observó una fuerte influencia política en la selección de los beneficiarios, situación que, según dijo, lo llevó a mantenerse al margen del proceso para no respaldar acciones con las que no estaba de acuerdo.
Aseguró que fue testigo de que algunos bonos fueron entregados a personas que, a su criterio, no se dedicaban a la producción agrícola, lo que habría desvirtuado el objetivo del programa de fortalecer la producción nacional de granos básicos.
El representante señaló que muchos de los beneficiarios vendían los insumos recibidos en lugar de utilizarlos en sus parcelas, lo que impedía que el apoyo estatal se tradujera en un incremento de la producción agrícola.
Indicó que cada bono representaba una importante inversión para el Estado, ya que incluía fertilizantes, semillas e insumos agrícolas, por lo que consideró que la falta de controles facilitó el uso inadecuado de estos recursos públicos.
Además, afirmó que recibió información de funcionarios de alto nivel sobre la supuesta falta de liquidación de algunos bonos productivos, razón por la que considera necesaria la auditoría que actualmente desarrolla el ente auditor del Estado.
SAG: No es acusación
La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), informó que remitió al Ministerio Público (MP) y al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) documentación relacionada con procesos del Programa Bono Tecnológico Productivo que presentan liquidaciones pendientes.
La SAG aclaró que el envío de la documentación no constituye una acusación, denuncia pública ni implica la atribución de responsabilidad contra ninguna persona natural o jurídica. Asimismo, enfatizó que no está emitiendo juicios de valor ni adelantando conclusiones sobre los hechos.
Indicó que corresponderá exclusivamente al Ministerio Público y al Tribunal Superior de Cuentas realizar las verificaciones y actuaciones que consideren pertinentes, así como determinar si existe mérito para iniciar procesos, garantizando el debido proceso, el derecho de defensa y la presunción de inocencia.
Según el escrito de la institución la acción responde al cumplimiento de la Constitución de la República, la normativa vigente y los principios de legalidad, transparencia, rendición de cuentas y buena administración pública.
La SAG afirmó que la actual administración busca la correcta administración de los recursos públicos, la transparencia en la gestión gubernamental y el fortalecimiento de los mecanismos de control institucional, en beneficio de las familias productoras y del desarrollo del sector agropecuario nacional.
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Pérdidas en cultivos por sequía
El director de la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras (Fenagh), José Chacón, estimó que las pérdidas en la producción por la falta de lluvias serían del 30 %.
Comentó que la falta de lluvias ha causado una baja en la producción nacional, y que genera preocupación por el ingreso del período de canícula a mediados de julio.
“Podría llegar a caer en un aproximado de un 30 % (producción), ahorita tenemos un 20 %”, dijo Chacón a periodistas que le consultaron sobre el tema.
Chacón indicó que las lluvias no han sido estables a nivel nacional, situación que se ha reflejado en Olancho, un departamento productivo donde algunos municipios no han registrado lluvias.
Explicó que el país está atravesando el fenómeno de “micro climas” en la que no todos los municipios de un departamento reciben lluvias en la misma cantidad y proporción.
Señaló que el productor no ha dejado de sembrar y que hay cultivos, pero que el problema será si se alarga la canícula como lo indican los modelos meteorológicos.
La crisis que hoy ahoga al sector agrícola es el reflejo de un sistema donde la negligencia y la corrupción tienen un costo muy alto en la mesa de miles de familias hondureñas. Mientras el cambio climático aprieta, la mala gestión gubernamental asfixia las esperanzas de miles de productores. Salvar al agro nacional es una deuda histórica que requiere erradicar las viejas prácticas que durante años han sembrado desigualdad y pobreza en las zonas rurales.
