Tegucigalpa – Bajo el titular “muerto en vida lejos de las maras”, el diario El País de España, dedica este domingo un artículo a un hondureño que llegó a Málaga hace casi tres años huyendo de la violencia y hoy se plantea regresar tras no conseguir trabajo, ni asilo en la madre patria.
-Sólo en 2018 dos mil 410 hondureños presentaron solicitud de asilo en España, pero apenas 10 —un 0.4 por ciento— consiguieron el estatuto de refugiado.
En su carné del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), la fotografía de Jesús se ha desvanecido. Donde antes se veía una imagen sonriente mirando a cámara hoy aparece un hueco en blanco, refiere el artículo.
Añade que esa es la perfecta metáfora de la situación en la que se encuentra este hondureño de 58 años. Se siente olvidado, como si hubiera desaparecido del mapa. Llegó a España hace casi tres años huyendo de las balas de las maras.
En su mochila, algo de ropa y recortes de prensa con los que intentar probar que su vida corría peligro. En este tiempo no ha conseguido protección internacional, apenas ha podido trabajar algunas semanas. Vive en Málaga, en una habitación prestada, junto a su mujer, y acude a comedores sociales.
La rabia le corroe por dentro. Cansado, ahora se enfrenta a una encrucijada: malvivir en España o jugársela regresando a Honduras. “Allí estoy en riesgo, pero aquí estoy muerto en vida”, dice ya sin esperanza.
Pide que le llamemos con un seudónimo, por seguridad. Tampoco quiere que se concrete su ciudad de procedencia. Concede al decir que está «en el interior».
Delineante de profesión, su vida laboral se compone de una larga experiencia en el sector público —trabajó en el Instituto Nacional Agrario— y el privado como operador de GPS actualizando mapas. También echaba una mano en el negocio de alimentación que poseía su familia. Fue ahí donde empezaron los problemas.
La persona que lideraba la empresa huyó con lo puesto después de ser amenazado por los miembros de una mara y salir milagrosamente a salvo de una ráfaga de tiros. Su huida implicó al resto de familiares.
“Recibía llamadas preguntándome por su localización, pero no lo sabía. Cambiaba el número y a los dos días volvían a llamarme”, relata Jesús. Le seguían a todas partes, le amenazaban de muerte. “Ahí te matan por 10 euros, la vida no vale nada”, relata el hondureño. No pudo más. Viajó a España junto a su familia con lo que le cabía en la maleta. El miedo a morir le hizo escapar rápido.
Su situación es similar a la de miles de personas que escapan de países centroamericanos donde la vida está controlada por las maras, pandillas de jóvenes extremadamente violentos. Como Jesús, muchas piden protección internacional.
Según las cifras de Eurostat recogidas por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), solo en 2018 hasta dos mil 410 ciudadanos de Honduras hicieron su solicitud, año en el que apenas 10 —un 0.4 por ciento— consiguieron el estatuto de refugiado.
Ocurrió igual en países como El Salvador (solo cinco de las dos mil 275 peticiones de refugio fueron otorgadas) y Nicaragua (mil 365 y ninguna aprobada). La tendencia es al alza: esos tres países suman ya ocho mil 939 peticiones de protección internacional en el primer semestre del año, un 47 por ciento más que en todo 2018, como reflejan los datos del Ministerio de Interior.
“Las personas que huyen de las maras son merecedoras de protección internacional”, dice convencida Paloma Favieres, coordinadora del servicio jurídico de CEAR.
Avala su afirmación en que estas personas son perseguidas por su “pertenencia a un determinado grupo social”, una de las cinco claves que dictó la Convención de Ginebra para determinar el concepto de refugiado, junto a la persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad y opiniones políticas.
Además, sus estados —como el de Honduras— no les dan la protección necesaria. Así lo ha entendido también Acnur, cuyas recomendaciones indican que “la violencia de las pandillas puede afectar grandes segmentos de la sociedad, sobre todo cuando el estado de derecho es débil”, señalando especialmente periodistas, miembros de la comunidad LGTBI o quienes tienen un negocio y son extorsionados por las maras.
Varias sentencias de la Audiencia Nacional avalan esa idea. Pero recientemente otras han dictado lo contrario. “Es cierto que la jurisprudencia es contradictoria”, añade Favieres, favorable a mirar cada caso
“individualmente” y que pide al Gobierno “mirar al presente, porque hoy hay otras formas de persecución”. Bien lo sabe Jesús, quien llegó a Madrid en diciembre de 2016. Llegó a CEAR y en enero fue enviado a Málaga, donde entró a formar parte del programa de protección internacional de la entidad. Pasó seis meses en un albergue y otros seis en un piso de acogida. Ha participado en multitud de talleres formativos: fontanería, carretillero, prevención de riesgos, manipulación de alimentos.
“He hecho todo lo que ha estado a mi alcance, pero está siendo imposible encontrar un empleo”, asegura. Siente incomodidad por ocupar una habitación que no es suya, hartazgo ser un desempleado, de pedir ayuda. Pasa las horas en la biblioteca leyendo a Eduardo Mendoza, Neruda, Cabral. “En sus textos he entendido que hay que tomar decisiones, cambiar el rumbo cuando no vas a ninguna parte”, dice Jesús.
Su decisión es volver a Honduras. “Sé que es peligroso: espero que en tres años las maras se hayan olvidado de mí”, dice con esperanza, aunque por seguridad deberá volver a otra ciudad alejada en la que dejó atrás toda su vida.
Las organizaciones sociales subrayan que es una decisión personal, pero no recomiendan el desplazamiento interno como forma de solucionar la amenaza de las maras porque “su presencia está muy extendida y es difícil huir de ellas”. Jesús ya ha dado el primer paso, recibir información para solicitar el retorno voluntario. Cumple los requisitos.
“Pero me dicen que ahora no hay dinero”, explica. Él tampoco lo tiene. Ahora, casi tres años después sigue esperando la resolución de su solicitud de asilo -debería haber sido respondida en seis meses- y cree que se la van a denegar. Las estadísticas le avalan. Ello le dejaría en situación irregular. La puntilla para alguien que no sabe a qué temer más: a la burocracia o a las balas de los pandilleros, puntualiza el artículo.
