Los Ángeles – Organizaciones comunitarias que ayudan a solicitantes de asilo se han visto obligadas a entrar en una dura competencia con otras instituciones para hallar recursos y poder apoyar a los inmigrantes recién llegados, que se ven abocados a ser los últimos en los programas de asistencia de emergencia ante la pandemia del coronavirus.
En esta carrera de obstáculos se encuentra el Centro de Niños Refugiados del Valle de San Fernando (SFVRCC) en Los Ángeles.
Sin tapujos el reverendo Fred B. Morris, director del centro, asegura a Efe que la situación que atraviesa actualmente su organización «está jodida».
SITUACIÓN CRÍTICA PARA SOLICITANTES DE ASILO
Los problemas económicos que trajo consigo la pandemia del coronavirus están afectando al SFVRCC en dos grandes aristas, según Morris.
Los primeros y más golpeados son los solicitantes de asilo, en su mayoría menores no acompañados, a los que el centro apoya desde 2015.
«Es un tragedia sin tamaño porque la mayoría (de los solicitantes de asilo) no tienen permiso de trabajar, están con una tía y un tío, que por lo general no tienen documentos. Entonces en este momento están prácticamente en la calle, no tienen empleo, no tienen ingreso, no tienen nada, y no van a recibir los 1.200 dólares que el Gobierno va a dar», explica el reverendo.
EL ROSTRO DE LOS AFECTADOS
Aunque Morris se refiere a la situación general de los más de 300 menores no acompañados y familias solicitantes de asilo, su descripción se ajusta al mal momento que vive María, una inmigrante salvadoreña que ingresó al país en el otoño de 2018 con su hija de 14 años.
La inmigrante, que hace parte de los amparados por el SFVRCC, dijo a Efe que la pandemia «le ha afectado mucho». La salvadoreña perdió el trabajo que tenía limpiando casas a causa de la COVID-19.
«Las personas que antes me contrataban para limpiar ya no me tienen confianza, pensando que se pueden infectar», relata la mujer, que se encuentra sola en el país con su hija.
A esto se suma que María porta un grillete electrónico de seguimiento en su tobillo, situación que aumenta la desconfianza de las personas en general.
Para esta salvadoreña, que llegó huyendo de la violencia de su país, lo único que queda «es pedir a Dios».
Morris advierte que de por sí estos inmigrantes ya venían con problemas económicos desde su país, y la emergencia por el coronavirus terminó de golpear su situación.
UN TÚNEL SIN SALIDA
Esta es la realidad de Mia, como se quiso identificar una menor guatemalteca que ingresó sola al país en el verano de 2019 y vive en Los Ángeles.
La jovencita de 17 años cuenta que el coronavirus dejó sin trabajo a «Luz», una inmigrante que no tiene ninguna relación familiar con ella pero que la recibió en su hogar.
«Nos afecto que ‘Luz’ se quedó sin trabajo porque de ella dependemos nosotros», indica Mia.
La familia sufrió un desalojo y la jovencita guatemalteca perdió, junto a Luz y sus dos hijos, todas sus cosas.
Para «Luis», un menor guatemalteco de 11 años que cruzó la frontera junto con su hermana «Esperanza» de 15 años y su mamá en el otoño de 2019, la situación es igual.
La madre del menor se quedó sin trabajo y ahora todos se encuentran en la casa sin poder continuar con la escuela y llevar una vida normal.
Al preguntarle sobre lo que sabe del coronavirus, el niño contesta que es «una enfermedad mortal que causa mucho daño».
LA COMPETENCIA POR LAS AYUDAS
Todos los días Morris está escuchando los pedidos de ayuda de los más de 300 menores no acompañados y familias que el centro apoya.
Uno de los últimos donativos fue de 800 dólares, que dividió en aportes de 50 y 100 dólares para las familias. Apenas alcanzó para unas 15, relata con frustración.
Con la comida, el reverendo asegura que se han visto favorecidos por su alianza con North Valley Caring Services, un banco de comida que presta servicio en las instalaciones del centro los viernes.
El obstáculo para ayudar a los solicitantes de asilo es que actualmente, por conservar las medidas sanitarias, las entregas se están haciendo a las personas que vienen en automóviles. «La mayoría de nuestros migrantes recién llegados no tiene carro», zanja Morris.
A esto se suman los residentes que llegaron a solicitar ayuda. Un total de 1.553 carros llegaron la primera semana de abril a recibir víveres.
El centro también se está viendo apremiado para pagar los costos de los abogados de inmigración que cobran tarifas reducidas de 3.800 por caso. El centro ayuda con 1.500 y los inmigrantes deben pagar 100 dólares mensuales hasta completar el valor.
«Sin la ayuda de los abogados ellos serían deportados» explica Morris.
¿QUIÉN AYUDA A LOS TRABAJADORES DEL CENTRO?
La segunda arista de preocupaciones de Morris es el pago de sus ocho trabajadores de planta. Ademas de sus colaboradores.
Su llamado es urgente: «La mejor manera de ayudar al centro es con dinero. No necesitamos ropa, no tenemos quién la procese, ni alimentos», señala.
«Necesitamos efectivo, ‘cash’, para pagar los abogados y ayudarles a estas familias a sobrevivir», insiste Morris.
