Madrid – Solo el 40 % de los países iberoamericanos recogen en su legislación el principio de la misma remuneración entre hombres y mujeres por trabajos de igual valor, según datos publicados en la plataforma virtual de la Secretaría General Iberoamericana (Segib) y ONU Mujeres.

Según el informe, los países a los que se recomienda reformar su normativa con vistas a la igualdad retributiva en estos casos son República Dominicana, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, El Salvador, Uruguay y Venezuela.

«En todos los países iberoamericanos existen leyes que limitan o impiden el empoderamiento económico de las mujeres», aseguran estas dos organizaciones en la web, donde se publican una serie de informaciones orientadas a «romper las desigualdades estructurales del sistema».

Entre otros datos, casi el 60 % de los países mantienen disposiciones que «limitan la libertad de elección de empleo de las mujeres»: Argentina, Andorra, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Uruguay.

Además, la mitad de los países iberoamericanos carece de una ley «específica» de igualdad entre hombres y mujeres: República Dominicana, Bolivia, Brasil, Chile, Cuba, Ecuador, Guatemala, Honduras, Portugal, Paraguay y El Salvador.

En relación con la maternidad, el 63 % de países iberoamericanos cuentan con una licencia remunerada para la madre de al menos 14 semanas: Andorra, República Dominicana, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, España, Panamá, Perú, Portugal Paraguay, El Salvador y Venezuela.

La web (https://leyesigualdadgeneroiberoamerica.org) tiene como objetivo avanzar en la igualdad de género, ofrecer datos e información legislativa que impulse la derogación de leyes discriminatorias y promueva protecciones legales adecuadas, según informaron la Segib y ONU Mujeres en un comunicado.

Fue presentada recientemente en la XV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, celebrada en Buenos Aires, y recoge información actualizada sobre derechos económicos y género en los 22 países iberoamericanos.