Los Ángeles – Una demanda presentada por un beneficiario del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) contra la compañía Procter & Gamble por supuestas prácticas discriminatorias llegará a juicio, informaron este viernes los demandantes.
La juez Kathleen M. Williams del Tribunal de Distrito en Miami, Florida, despejó el camino a la querella legal presentada en 2017 por el Fondo México Americano para la Educación y Defensa Legal (MALDEF) en representación de un beneficiario de DACA a quien se le negó una pasantía debido a su estado migratorio.
Según la demanda, David Rodríguez, solicitó una pasantía con la compañía en 2013 mientras asistía a la Universidad Internacional de la Florida.
Sin embargo, Procter & Gamble negó la solicitud del joven inmigrante argumentando que fue rechazado debido a su estado migratorio, decisión que fue confirmada por un representante de la compañía el joven, alega la demanda.
Rodríguez dijo a los medios en 2018 que “cumplía con creces con los requisitos académicos» para la pasantía.
«Negarse a contratar titulares de DACA autorizados para trabajar es una discriminación pura y simple, y la decisión del tribunal confirma que es ilegal», dijo Thomas A. Sáenz, presidente y consejero general de MALDEF, en un comunicado.
En su fallo, Williams rechazó el argumento la empresa de bienes de consumo en el sentido de que la demanda debería desestimarse porque la política de la compañía de negarse a considerar las solicitudes de DACA era permisible.
«Al preguntarle si actualmente es ciudadano o nacional de los Estados Unidos como criterio de exclusión, la política destacó explícitamente a los no ciudadanos y los sometió a un trato menos favorable «, escribió la juez en el fallo de 40 páginas.
También cita que los “soñadores” están protegidos “de la discriminación intencional del empleador bajo la Sección 1981”.
En este sentido, Sáenz advirtió que «Procter & Gamble debería dejar de intentar defender esta discriminación ilegal y en su lugar debería reconocer las enormes contribuciones que los titulares de DACA podrían hacer a la empresa».
La demanda busca un juicio en el que se declaren las prácticas de contratación de la compañía “ilegales”, y pagos de daños, entre otros.
“Las contribuciones (de los soñadores) son particularmente significativas en este momento ya que las cifras estiman que más de 200.000 beneficiarios de DACA están trabajando en la primera línea en la respuesta a la pandemia de COVID-19 como trabajadores de infraestructura crítica esencial”, agregó Nina Martínez, abogada de Outten & Golden LLP, quién también representa a Rodríguez.
