Un agente fronterizo entrega un letrero que fue dejado por las mujeres miembros del grupo Womens of Faith (Mujeres de Fe) que se reúnen para orar afuera del Centro de Procesamiento Central de la Patrulla Fronteriza estadounidense, en protesta por la separación de los niños migrantes de sus padres, en McAllen, Texas (EE.UU.), el miércoles 27 de junio de 2018. EFE/Larry W. Smith/Archivo

Washington – El Tribunal Supremo de Estadios Unidos determinó este martes que la familia de un joven mexicano de 15 años que murió en junio de 2010 en el límite entre ambos países no podrá demandar ante las cortes estadounidenses al agente fronterizo que le disparó.

Con cinco votos a favor y cuatro en contra, los magistrados se pronunciaron para rechazar la petición de la familia de Sergio Adrián Hernández, que exigía justicia por la acción del agente fronterizo estadounidense Jesús Mesa, en un caso que ha sido bautizado como «Hernández contra Mesa».

La familia argumenta que el joven -conocido como «Keko»- no suponía ninguna amenaza para los agentes estadounidenses, iba desarmado y estaba jugando con unos amigos en el lecho seco del Río Bravo, que separa a El Paso (EE.UU.) y Ciudad Juárez (México) y sobre el que se alza el llamado «Puente Negro».

El juego de los chicos, de acuerdo con la familia, consistía en correr hasta la valla metálica de Estados Unidos, tocarla y volver a toda velocidad hasta la parte mexicana.

Cuando Hernández volvía a México, el agente Mesa «sacó su arma, apuntó y le disparó en la cabeza, justo al lado del ojo», según narra la defensa en documentos entregados al Supremo.

Por su parte, el Gobierno alega que Hernández era parte de un grupo de traficantes de personas que trataba de cruzar de manera ilegal la frontera y que rodeó y atacó con piedras al agente Mesa, que disparó supuestamente para defenderse.

Un vídeo difundido poco después del suceso desmintió esa versión: mostró que Mesa no estaba rodeado y disparó contra Hernández varias veces.

Cifras de la Unión para las Libertades Civiles en América (ACLU) calculan que entre 2010 y 2016 un total de 53 inmigrantes murieron a manos de agentes de la Patrulla Fronteriza.

Otro caso similar fue el del agente fronterizo Lonnie Swartz, acusado con cargos de asesinato en segundo grado por la muerte en 2012 de José Antonio Elena Rodríguez.

El joven, de 16 años, murió en Nogales, Sonora (México) de diez impactos de bala en la espalda y cabeza por disparos realizados por el agente a través del muro fronterizo.

Durante un primer juicio en contra de Swartz, en abril de 2018, un jurado federal lo declaró no culpable del cargo de asesinato en segundo grado.

En noviembre de 2018, un jurado lo declaró también no culpable del cargo de asesinato involuntario.