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El gobernador del estado de Texas, Greg Abbott, tiene previsto firmar este lunes una de las leyes migratorias más restrictivas de Estados Unidos, que convierte en crimen la entrada ilegal desde México, y que vaticina una dura batalla en los tribunales con el Gobierno federal que preside Joe Biden.

El Gobierno estadounidense está intentando ampliar a más países de Latinoamérica el programa “Movilidad Segura”, ya activo en Colombia, Costa Rica y Guatemala y cuyo objetivo es ofrecer vías legales a los migrantes y refugiados que anhelan llegar a Estados Unidos.

California iniciará un nuevo programa piloto para brindar asistencia legal de inmigración de forma gratuita a los trabajadores agrícolas indocumentados que son víctimas o testigos de abuso laboral por parte de sus empleadores, informó este miércoles la oficina del gobernador Gavin Newsom.

Grupos civiles y proinmigrantes presentaron una demanda federal en una corte de California contra el Gobierno del presidente de EE.UU., Joe Biden, por las nuevas restricciones impuestas a solicitantes de asilo tras el fin del Título 42 de expulsión inmediata de migrantes.

Una de las cinco víctimas hondureñas asesinadas en Cleveland (Texas) este fin de semana era residente permanente en EEUU, pese a que el gobernador del estado, el republicano Greg Abbott, las había tachado a todas de «inmigrantes ilegales».

El influyente senador demócrata Bob Menéndez presentó este martes un plan en el que pide al gobierno del presidente Joe Biden abrir más vías de migración legal al país para paliar la escasez laboral, al igual que dar mayor ayuda humanitaria a los países del continente, entre otras medidas.

Inmigrantes y una coalición de organizaciones reclamaron hoy a la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, que se apruebe la Ley de Acceso a la Representación (ARA por siglas en inglés) en el presupuesto final del estado que se evalúa en la legislatura para que incluya el derecho a la asesoría legal de aquellos que se enfrentan a la deportación, algo que, de aprobarse, sería primicia en el país.

Defensores de los inmigrantes celebraron este jueves el fallo de un juez federal a favor de una religiosa, quien demandó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) por ponerla en una lista de vigilancia tras dar apoyo a los migrantes que arribaron a la frontera sur con las caravanas de 2018.

La cifra de inmigrantes que recibieron residencia legal permanente (tarjeta verde) en Estados Unidos regresó el año pasado a los niveles previos a la pandemia de covid-19, según un análisis del Centro Pew.

Un grupo de ocho fiscales estatales demandó hoy viernes al Gobierno del presidente Joe Biden por el supuesto abuso del Programa de Refugiados y Libertad Condicional para Menores Centroamericanos (CAM), que permite a ciertos hijos de inmigrantes centroamericanos reunirse con sus padres en suelo estadounidense.