Miami – El fiscal general de Texas, Ken Paxton, demandó este jueves de nuevo a la Administración del presidente Joe Biden, esta vez por supuestamente «alentar la propagación de la covid-19» en la frontera al permitir la entrada al país de inmigrantes que potencialmente pueden tener el coronavirus.
La oficina del fiscal estatal indicó que la decisión del Gobierno federal de dejar entrar a inmigrantes y solicitantes de asilo, en su inmensa mayoría menores de edad sin la compañía de uno de sus padres o un tutor legal o familias con niños pequeños, conlleva que se abarroten los centros de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y los albergues abiertos por el Gobierno.
En su opinión, esta medida «se aparta» de las reglas establecidas por las autoridades sanitarias de mantener la distancia social, especialmente en ambientes cerrados, y crea una «crisis innegable en nuestra frontera sur», indicó la oficina de Paxton en un comunicado.
«La Administración de Biden ha amenazado la salud de los texanos sin justificación o explicación de sus acciones», señaló.
Por eso se citan el incumplimiento de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, una norma federal que requiere la «detención» de los extranjeros que llegan al país y que pueden transmitir enfermedades que amenacen salud pública.
Paxton aseguró que la ley debe ser aplicada «de inmediato» para garantizar la salud pública y la reapertura de la economía en el país.
Durante la anterior Administración de Donald Trump, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) ordenaron, por medio del llamado Título 42, la expulsión de los migrantes que llegasen a la frontera sin darles la oportunidad de solicitar asilo o protección, con la pandemia como argumento.
A pesar de los muchos cambios en la política migratoria de su antecesor, Biden dejó vigente el Título 42, aunque, para mantener su visión «más humana» de esta situación, sí aceptó a menores no acompañados y familias con niños pequeños.
El 60 % de los 172.000 arrestados en la frontera en marzo pasado, un total de 103.900, fueron expulsados inmediatamente en virtud del Título 42, mientras que el resto fueron enviados a instalaciones de CBP y del Departamento de Salud antes de ser liberados a la espera de que avance su solicitud de permanencia en el país.
Eso supuso que estos lugares se desbordasen de personas, muchas de las cuales dieron positivo a las pruebas de la covid-19 y debieron ser aisladas.
Desde que Biden llegó a la Casa Blanca en enero pasado Paxton ha demandado al Gobierno para evitar la suspensión de la política MPP, por la cual los solicitantes de asilo debían esperar en México hasta que se resolviese su pedido, y también de la regla de carga pública, con la cual se podía negar la residencia legal permanente a inmigrantes que recurrieran a la asistencia pública.
Y en estas semanas Paxton ya le ganó a Biden una vez en las cortes en cuanto a la medida del mandatario demócrata de detener las deportaciones por 100 días, que fue suspendida por un juez.
