Los Ángeles – La oficina del fiscal general de Texas, Ken Paxton, acordó retirar una demanda contra el Gobierno federal, al que acusó de actuar de forma arbitraria al suspender por 100 días las deportaciones de inmigrantes sin consultar previamente con el estado.
La querella interpuesta en enero logró detener una medida implementada por el presidente Joe Biden al llegar a la Casa Blanca para detener las deportaciones por al menos 100 días mientras se analizaban los casos.
Paxton tildó la acción de la Administración demócrata de «caprichosa» y «mal intencionada» al «no considerar ni analizar los costos que esa acción generará» para el estado de Texas, el que más kilómetros de frontera tiene con México.
La Fiscalía de Texas, junto con los abogados de la Administración Biden y dos grupos de defensa de los inmigrantes que intervinieron para defender la orden presidencial, llegaron a un acuerdo para culminar con la querella el jueves.
En un comunicado, Paxton celebró el hecho calificándolo de “victoria” para Texas y la nación.
“Envía un mensaje claro a la Administración Biden de que no podrán violar la ley federal de inmigración y poner en peligro la vida de los texanos», expresó.
Añadió que las políticas del mandatario demócrata en inmigración “son fallidas”.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos había anunciado el pasado 6 de mayo que no extendería la moratoria.
A pesar de los esfuerzos de Paxton por mantener el número de deportaciones a los ritmos del Gobierno de Donald Trump (2017-2021), el número de personas deportadas desde Estados Unidos cayó a mínimos históricos durante abril, según datos de las autoridades migratorias divulgados por The Washington Post.
Estados Unidos deportó en abril a 2.962 personas. Es la primera vez desde que se recogen estadísticas en que esa cifra está por debajo de 3.000. En comparación, en marzo hubo 3.716 deportaciones.
Las cifras de las deportaciones no incluyen las expulsiones realizadas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, (CBP) de inmigrantes que cruzan la frontera y son enviados de regreso a México bajo el Título 42, que permite regresar a los indocumentados por la emergencia sanitaria.
