Los Ángeles – El fiscal de Texas, Ken Paxton, junto a procuradores de otros ocho estados, urgieron este martes a un juez federal que declaré ilegal el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), y detenga la iniciativa del presidente Joe Biden de fortalecer este beneficio que ampara a unos 650.000 jóvenes indocumentados.
El grupo de procuradores de los nueve estados republicanos están esperando desde el pasado 22 de diciembre que el juez del Tribunal de Distrito del Sur de Texas, Andrew Hanen, entregue una decisión sobre una demanda que argumenta que el programa creado en 2012 por el entonces presidente Barack Obama es inconstitucional y que el mandatario excedió sus poderes ejecutivos.
En un documento presentado este martes a Hanen, los demandantes aseguran que “no hay razón para que la Corte permita que el memorando ilegal de DACA de 2012 se mantenga, particularmente cuando la nueva administración admite que no va a rescindir el programa”.
“Más que nunca, este caso está listo para una resolución final sobre el tema”, agrega la petición.
El Fondo México Americano para la Educación y la Defensa Legal (MALDEF), que representa a los inmigrantes en este caso, ha pedido al juez que desestime la demanda, entablada en 2018, argumentando que Obama sí tenía autoridad para establecer este beneficio migratorio.
A pesar que Hanen ya asestó un golpe contra las medidas de protección de inmigrantes al fallar en contra de un programa parecido que cobijaba a los padres de los «soñadores», el magistrado resaltó en la audiencia de presentación de argumentos que existe una diferencia entre ambas iniciativas, ya que DACA ha obtenido luz verde de la Corte Suprema, mientras que el segundo, al que se llamó DAPA, fue detenido antes de ser implementado.
El pasado 18 de junio, el máximo tribunal concluyó que la Administración del expresidente Donald Trump no siguió los mecanismos establecidos en la ley cuando interrumpió en 2017 DACA.
Hanen dijo previamente que DACA fue aprobada ilegalmente por la Administración Obama porque no siguió las reglas de la Ley de Procedimientos Administrativos (APA), que requieren dar al público una oportunidad para realizar comentarios, y si es necesario se realicen cambios a la propuesta.
Los procuradores de Alabama, Misisipi, Arkansas, Kansas, Luisiana, Carolina del Sur, Nebraska y West Virginia, acompañan a Paxton en este intento de eliminar el programa que actualmente ampara a unos 650.000 inmigrantes, y que está aceptando nuevas solicitudes.
Paxton se alzó este martes con una pequeña victoria sobre la administración de Joe Biden al lograr que otro juez federal bloqueara temporalmente la orden ejecutiva de suspender las deportaciones por cien días en una medida cautelar basada también en un posible incumplimiento de APA.
