Trabajador agrícola latino, en alto riesgo de COVID y sin protección federal

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Fotografía de un agricultor mexicano que trabaja en la cosecha de Jitomate (Tomate). EFE/Archivo

Knoxville (TN) – Es una época de mucho trabajo para las granjas productoras de tomate en esta parte de Tennessee. Estas plantaciones cuentan con cientos de trabajadores, la mayoría latinos. Algunos viven allí. Otros son migrantes que viajan de granja en granja, para recoger las cosechas de verano. Otros vienen de México o América Central con visas agrícolas temporales.

Pero este año, la temporada se desarrolla con enormes preocupaciones por el coronavirus, que a estos trabajadores agrícolas les afecta directamente.

«Casi todas las fases del proceso de recolección de tomates deben ser consideradas a la luz de COVID-19», dijo Ken Silver, profesor asociado de salud ambiental en la Universidad Estatal del Este de Tennessee, que estudia la salud de los trabajadores migrantes en las plantaciones de tomates del estado.

Los trabajadores viven en alojamientos cerrados, durmiendo en literas y compartiendo baños y cocinas. Viajan a los campos en autobuses abarrotados y a menudo trabajan en grupos. Y aunque los empleados de las granjas son considerados trabajadores esenciales, suelen no tener seguro médico o licencia paga por enfermedad.

Las granjas ya han informado de brotes entre cientos de trabajadores en estados como California, Washington, Florida y Michigan. Sin embargo, el gobierno federal no ha establecido ninguna normativa para proteger a los trabajadores agrícolas del coronavirus o para instruir a los empleadores sobre lo que deben hacer cuando se enferman.

Mientras que organizaciones de defensa de los trabajadores migrantes dicen que esto permite a las granjas aprovecharse de sus trabajadores, las granjas aseguran que están haciendo lo que pueden para proteger a los trabajadores con los recursos limitados que tienen.

Lo cierto es que la situación no está clara, expresó Alexis Guild, director de políticas y programas de salud de Farmworker Justice.

LA RESPONSABILIDAD DE LAS GRANJAS

En junio, 10 de los 80 trabajadores temporales de Jones & Church Farms en el condado de Unicoi, en Tennessee, dieron positivo para el coronavirus. Otra granja en ese condado tenía 38 trabajadores que también dieron positivo alrededor de la misma época.

«Esto fue lo más aterrador que pudo pasarnos», dijo Renea Jones Rogers, directora de seguridad alimentaria de la granja.

A nivel nacional, ha habido al menos 3.600 casos de trabajadores agrícolas que han dado positivo para COVID-19, según los informes de los medios de comunicación reunidos por el Centro Nacional para la Salud de los Trabajadores Agrícolas.

A esto hay que añadir que tanto los empleadores como los trabajadores agrícolas reconocen que incluso las intervenciones más básicas para frenar la transmisión -el distanciamiento social y el uso de máscaras- a menudo no son factibles, al trabajar en altas temperaturas.

Saúl, de 52 años, es un trabajador agrícola temporal que ha viajado de México a Virginia todos los años desde 1996 para cosechar tabaco. En una entrevista por WhatsApp, dijo que las máscaras son incómodas en el trabajo porque estás al aire libre: «Es incómodo porque trabajamos a la intemperie». (Kaiser Health News no publica el apellido de Saúl para que no sea identificado por su empleador).

Saúl dijo que le preocupa el coronavirus, pero como vive en su lugar de trabajo, en la granja, se siente seguro.

Cuando llegó a Estados Unidos en abril, la granja le proporcionó información sobre la pandemia, máscaras y desinfectante de manos, explicó. Nadie le toma la temperatura, pero trabaja en un grupo de ocho personas, vive con tres trabajadores más y nadie en la granja ha sido diagnosticado con COVID-19.

En Tennessee, Jones & Church Farms puso en marcha su propio protocolo de seguridad para los trabajadores al comienzo de la temporada. Esto incluyó el aumento de la desinfección, la toma de lecturas diarias de temperatura y el mantenimiento de los trabajadores en grupos para que vivan y trabajen con las mismas personas.

Después de que los 10 trabajadores dieron positivo para COVID-19, la granja los mantuvo a todos en la misma vivienda y lejos de los demás. Los que eran asintomáticos también siguieron trabajando en los campos, aunque alejados de los otros, señaló Jones Rogers.

Si bien el Departamento de Trabajo no ha ofrecido normas federales de seguridad ejecutables para COVID-19, sí colaboró con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) para elaborar un conjunto de pautas voluntarias y específicas para la agricultura. Esto se publicó en junio, pocos días después que Jones & Church notificara del brote en la granja.

Mucho de lo que ya se había hecho en Jones & Church, sin embargo, seguía esas recomendaciones, que también sugerían que los trabajadores fueran examinados todos los días para detectar los síntomas de COVID-19 y que a los que se enfermaran se les diera su propio espacio para recuperarse alejados de los demás.

Otras sugerencias de los CDC y el Departamento de Trabajo, orientadas más hacia las factorías de procesamiento de alimentos, como las plantas de empaque de tomates, incluían la instalación de mamparas plásticas si no es posible que haya una distancia de 6 pies entre los trabajadores, la instalación de estaciones de lavado de manos y la provisión de equipos de protección personal o cubiertas de tela para la cara.

Los activistas dicen que estas directrices son sólidas, en teoría. Su defecto más evidente es que son voluntarias.

«No creemos que la salud y la seguridad de los trabajadores deban dejarse a la buena voluntad de los empleadores», señaló María Perales Sánchez, coordinadora de comunicaciones del Centro de Los Derechos del Migrante, una organización con oficinas en México y en los Estados Unidos.

Un vocero del Departamento de Trabajo ofreció una perspectiva diferente. «Los empleadores son y seguirán siendo responsables de proporcionar un lugar de trabajo libre de riesgos conocidos para la salud y la seguridad», indicó.

Añadió que los estándares de seguridad general preexistentes de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) y las directrices de los CDC se utilizan para determinar las violaciones a la seguridad en el lugar de trabajo.

«No creo que OSHA pueda implementar un tipo de regulación obligatoria que no ponga en desventaja a algunos agricultores», apuntó Allison Crittenden, directora de relaciones con el Congreso de la American Farm Bureau Federation.

Las granjas ya han tomado muchas medidas contra COVID-19, añadió, «y si estas acciones se están llevando a cabo de forma voluntaria, no vemos la razón de imponer un requisito obligatorio».

DIFICULTADES PARA ACCEDER A LA ATENCIÓN DE LA SALUD

Los trabajadores agrícolas migrantes, a pesar de ocupar un eslabón esencial en la cadena de suministro de alimentos del país, a menudo no reciben prestaciones en el lugar de trabajo, como seguro médico o licencia de enfermedad remunerada.

Saúl, el trabajador agrícola del tabaco de Virginia, dijo que no creía tener ningún seguro médico. Si se enfermara, tendría que decírselo a su empleador, que luego tendría que llevarlo al médico. La ciudad más cercana a la granja está a 15 millas. ¿Quién es responsable de estos costos? ¿El trabajador o la granja? Depende de las circunstancias individuales.

Muchas granjas emplean principalmente trabajadores latinos, y los datos de los CDC ilustran que es mucho más probable que los latinos se infecten, deban hospitalizarse o mueran por complicaciones de COVID que los blancos no hispanos.

A fines de julio, llegaron a Jones & Church Farms casi 90 trabajadores temporales adicionales para ayudar a cosechar tomates hasta octubre, apuntó Jones Rogers. Aunque los 10 trabajadores que tenían COVID-19 se han recuperado, dijo que teme que si más personas contraen la enfermedad, no habrá suficientes viviendas para mantener a los trabajadores enfermos aislados o suficientes trabajadores sanos para la cosecha.

«Los tomates no esperan a que todos se sientan bien para que se los recoja», añadió Jones Rogers. Por Victoria Knight.

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