Tribunal federal bloquea aumento de tarifas en trámites de inmigración

0
512
Vista de varias personas que revisan formularios oficiales que debe rellenar en el centro de inmigración de Washington DC, Estados Unidos. EFE/Michael Reynolds/Archivo

Washington – El aumento de tarifas en trámites de inmigración ordenado por el Gobierno del presidente Donald Trump en julio pasado y que debía entrar en vigencia este martes quedó suspendido por decisión de un tribunal federal en el Distrito de Columbia.

El Gobierno de Trump, que durante cuatro años ha modificado unas 400 reglas dentro del sistema de inmigración de Estados Unidos, había aprobado aumentos de tarifas en perjuicio particularmente de los solicitantes con menos recursos económicos.

La decisión del juez federal Amit Mehta prohíbe que entren en vigor las nuevas tarifas y fijó una audiencia para el 27 de enero en la cual se escucharán nuevos argumentos.

Según el American Immigration Council, los aumentos de tarifas en las solicitudes, apelaciones y mociones en casos de deportación llegaban a casi 800 %.

«Estamos complacidos porque el tribunal haya intervenido para impedir el esfuerzo ilegal y de última hora del Gobierno saliente para imponer costos onerosos a los inmigrantes que encaran la deportación», dijo Lisa Graybill del Centro Nacional de Ley de Inmigración, uno de los grupos que había iniciado la demanda.

«Instamos al Gobierno entrante a que dé todos los pasos necesarios para revertir estas medidas malparidas y para brindar a todas las personas que encaran la deportación un audiencia justa en los tribunales», añadió.

Otros demandantes son la Red Católica de Inmigración Legal (CLINIC), Niños que Necesitan Defensa (KIND), Servicios Legales Comunitarios de East Palo Alto, en California (CLSEPA), y la Coalición por Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA).

Michelle Méndez, de CLINIC, dijo que «para la gente de bajos ingresos no es fácil navegar el sistema legal, y menos para los inmigrantes que enfrentan el sistema increíblemente complejo cuando es tanto lo que está en juego».

«Los resultados de sus casos determinan, literalmente, si pueden quedarse en el país contribuyendo a sus familias y comunidades, o si serán forzados a dejar sus hogares y sus seres queridos para siempre», agregó.

En julio el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS), que financia 97 % de sus operaciones con la recaudación de tarifas por sus trámites de visas, naturalización y programas como DACA y TPS, anunció el incremento de los precios e indicó que el aumento entraría en vigor el 2 de octubre.

Un día antes de esa fecha un tribunal federal en California ordenó la suspensión preliminar de las nuevas tarifas. El Gobierno de Trump había apelado esa decisión.

USCIS procesa decenas de tipos de visas y trámites, y la tabla publicada muestra algunas reducciones de tarifas, como una disminución de 11 % en lo que hay que pagar por el reemplazo del documento de residencia legal permanente, de 455 a 405 dólares por la solicitud vía internet, y de 9 % en el trámite con papel, de 455 a 415 dólares.

En el otro extremo, un indocumentado que use el formulario I-881 para solicitar que se suspenda su deportación deberá pagar 1.810 dólares, un aumento de 535 % sobre la tarifa actual de 285 dólares.

Las víctimas de ciertos crímenes que han sufrido abuso mental o físico, como violencia doméstica, asalto sexual o tráfico humano, y que han colaborado con el Gobierno en la investigación o procesamiento de esos delitos, pueden estar en EE.UU. amparadas con una visa U.

Estas personas pueden usar el formulario I-929 a fin de obtener una visa que permita que alguno de sus familiares venga a EE.UU. a visitarlas, y el trámite que hasta ahora cuesta 230 dólares subiría 546 % a 1.255 dólares.

Los residentes legales permanentes que quieren declarar su intención de convertirse en ciudadanos estadounidenses emplean el formulario N-300 para hacerlo. Este paso no es obligatorio en el trámite de naturalización pero algunos estados pueden requerirlo si esa persona tiene ciertos negocios en ese estado.

La tarifa actual de la «declaración de intención» es de 270 dólares y subirá 383 % a 1.305 dólares, indicó el Departamento de Seguridad Nacional. Un extranjero que sea residente legal y desea reingresar al país sin su pasaporte extranjero y/o visa, utilizando el formulario I-193, deberá pagar 2.290 dólares, un incremento de 377 %.