Roma – El tribunal de la ciudad italiana de Agrigento, en la isla de Sicilia (sur), ha suspendido este jueves el bloqueo administrativo impuesto por el Gobierno de la ultraderechista Giorgia Meloni al velero Trotamar III, de la ONG alemana Compac Collective, al considerarlo «ilegítimo».

«El Tribunal de Agrigento ha anulado por ‘ilegítima’ la detención administrativa (por el decreto del ministro del Interior, Matteo) Piantedosi del velero civil Trotamar III. Estaba acusado de ‘no haber colaborado con las autoridades libias'», reveló este jueves en X Mediterranea Saving Humans, que también rescata migrantes en el Mediterráneo.

El barco había sido detenido y la ONG sancionada por supuestamente violar el denominado decreto Piantedosi, después de rescatar el pasado 24 de agosto a 22 personas que viajaban en una barca en dificultades en la zona SAR (búsqueda y rescate) libia.

El bloqueo fue decretado el 26 de agosto, cuando las autoridades italianas ordenaron la detención administrativa del velero humanitario, argumentando que no notificó el rescate a las autoridades libias.

«Informamos a los centros de coordinación en Roma y Malta, pero no a Trípoli ni Túnez. Hacerlo habría supuesto una violación de derechos humanos», explicó entonces la ONG responsable del Trotamar III.

El capitán Matthias Wiedenlubbert decidió rescatar a las 22 personas para evitar que se ahogaran y el riesgo de que fueran devueltas a Libia, después de que la noche anterior el velero ya hubiera sido amenazado por una lancha patrullera libia, según ‘Il Manifesto.

«Una vez más, los tribunales italianos están demostrando su valentía y revocando actos administrativos excesivos. Por supuesto, seguiremos sin involucrar a la llamada Guardia Costera libia en los rescates. Nuestra humanidad nos lo impide», comentó al diario la portavoz de la ONG Katja Tempel.

El decreto Piantedosi, aprobado en febrero de 2023 como parte de las políticas del Gobierno de Meloni para frenar la migración irregular, obliga a las ONG a solicitar el desembarco inmediatamente después de cada rescate.

Además, permite a las autoridades asignar puertos lejanos para el desembarco, una práctica que ha generado críticas de organizaciones humanitarias por dificultar nuevas operaciones de salvamento. EFE