Los Ángeles – El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito en San Francisco confirmó este viernes el fallo de una jueza federal que bloquea una política del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que pretende negar las audiencias de fianza a los solicitantes de asilo.
La decisión del Tribunal se refiere al fallo dado por la jueza federal Marsha Pechman, quien en julio del año pasado dictaminó que los peticionarios de asilo que entran al país tienen derecho a audiencias de fianza y que además la Constitución les otorga el derecho a ser puestos en libertad.
El fallo de Pechman, en una corte federal de Seattle, responde a una demanda entablada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) , Northwest Immigrant Rights Project (NWIRP) y American Immigration Council, entre otros grupos, luego de que el fiscal general William Barr anunciara en abril de 2019 que el Gobierno no ofrecería más este tipo de audiencias.
La orden del Gobierno era mantener bajo custodia a los solicitantes de asilo, una medida que tenía el fin de disuadir el flujo migratorio en la frontera sur.
«Los tribunales nuevamente encontraron que esta política despoja inconstitucionalmente a las personas de su derecho a una audiencia. La Administración Trump no puede eludir la Constitución al encerrar arbitrariamente a las personas», dijo hoy en un comunicado Michael Tan, subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de ACLU.
La jueza Pechman determinó que el Gobierno debe fijar las audiencias de fianza para los solicitantes que demuestren un «miedo creíble» de persecución o tortura si vuelven a sus países de origen en un plazo no mayor de siete días una vez hecha la petición.
En un comunicado, NWIRP advirtió que actualmente muchos de estos inmigrantes tienen derecho a una audiencia de fianza en la que un juez de inmigración decide si deben ser detenidos o liberados mientras su caso de asilo continúa.
«En este caso, estamos hablando de personas que tienen derecho a solicitar asilo, que de lo contrario estarían encerradas por lo general durante seis meses o más cuando no presenten un riesgo de fuga o peligro para la comunidad», aclaró Matt Adams, director legal de NWIR.
