Tribunal Supremo dictamina que Estados pueden procesar por documentos falsos

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Un grupo de salvadoreños deportados de Estados Unidos, permanecen a la espera de los procedimientos de identificación, en el interior del centro de atención a los migrantes el 22 de junio de 2018, en San Salvador (El Salvador). EFE/Armando Escobar/Archivo

Washington – La Corte Suprema de Justicia decidió este martes que los estados tienen atribuciones para procesar a los inmigrantes indocumentados que emplean números falsos del Seguro Social y otros documentos federales a fin de conseguir un empleo.

El caso que hoy se cerró en la Corte Suprema federal se abrió el 26 de agosto de 2012 cuando la policía en Kansas detuvo a Ramiro García porque conducía a exceso de velocidad para ir a su empleo en un restaurante.

La pesquisa policial condujo a la obtención de copias de la tarjeta del Seguro Social, el formulario de impuestos y la tarjeta I-9 que se extiende a los viajeros con visa temporaria en Estados Unidos. Como se determinó más adelante, los documentos pertenecían a un individuo domiciliado en Edinburg, en el estado de Texas.

Por un cargo de falsa identidad García marchó a juicio y su defensa fue que la ley federal que reglamenta el empleo de extranjeros indocumentados previene expresamente su encausamiento por identidad falsa en Kansas.

El caso, en su larga recorrida por tribunales y apelaciones, se centró en la cuestión de si los estados tienen atribuciones para procesar a los inmigrantes indocumentados, o éstas son atribuciones del Gobierno federal, ya que es en su esfera que operan las leyes de inmigración.

La Suprema Corte de Kansas ya había dictaminado que el Gobierno federal tiene autoridad exclusiva para determinar si un extranjero tiene o no tiene autorización legal para trabajar en el país.

En el fallo de hoy, los cinco jueces conservadores estuvieron de acuerdo en que no hay algo en la ley federal de migración que impida que los estados procesen a los migrantes que usan documentos falsos.

El juez Stephen Breyer, quien redactó la opinión disidente de los cuatro magistrados liberales, sostuvo que la ley federal «deja en claro que solamente el Gobierno federal puede procesar a las personas que representen de manera falsa su situación en lo que hace a la autorización de trabajo».

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