Washington – El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió hoy las restricciones al asilo en la frontera con México, después de que un juez federal bloqueara temporalmente esas limitaciones al considerar, de forma preventiva, que son ilegales.
«Es apropiado y legal que esta ayuda discrecional (el asilo) no sea dada a aquellos que violan una proclamación presidencial, legal y medida, que busca controlar la inmigración con base en el interés nacional», aseguró en un comunicado la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense (DHS, en inglés), Katie Waldman.
Las autoridades del país se han referido en reiteradas ocasiones a la concesión de asilo como una prestación que puede elegir si ofrecer o no.
«Estamos deseando -prosiguió Waldman-, continuar defendiendo el legítimo y razonado ejercicio de la autoridad del Ejecutivo para tratar la crisis en la frontera sur».
El pasado 9 de noviembre Trump firmó una orden presidencial que de facto implicaba que aquellos inmigrantes que entren a EE.UU. por la frontera con México de forma irregular no tengan opción de pedir asilo; la medida fue adelantada por el mandatario durante la semana previa a las elecciones legislativas el pasado día 6.
El mismo día en el que Trump suscribió la proclamación, vigente durante al menos 90 días, distintos grupos defensores de derechos humanos demandaron al Gobierno en una corte federal de San Francisco, en California, solicitando a un juez la suspensión preventiva de la regulación.
Trump y su Gabinete se habían escudado en la misma prerrogativa utilizada para establecer un veto migratorio sobre países de mayoría musulmana en 2017, un paso que sí fue respaldado por el Tribunal Supremo.
Precisamente, la portavoz del DHS reiteró que, «como el Tribunal Supremo afirmó este verano, el Congreso ha dado al presidente amplia autoridad para limitar o incluso detener la entrada de inmigrantes» al país.
En las últimas horas, el magistrado que lleva el caso sobre la nueva medida en California, Jon Tigar, emitió una orden bloqueándola hasta al menos el próximo 19 de diciembre, fecha en la que el juez reunirá a las partes para decidir si extiende o no la suspensión y si las partes aportan más argumentos.
«Sea cual sea el foco de la autoridad del presidente, no puede reescribir las leyes de inmigración para imponer algo que el Congreso ha prohibido expresamente», señala el juez en su orden judicial, en la que explica que la medida entra en conflicto claramente con las regulaciones existentes.
En este sentido, el magistrado también constata que el Gobierno «no ofrece nada que exponga la necesidad de obviar esos daños y que sustente la nueva regla».
La decisión del juez fue aplaudida rápidamente por organizaciones defensoras de derechos humanos como la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, en inglés), una de las demandantes.
El abogado de ese grupo en el caso, Lee Gelernt, recalcó en un comunicado que «el veto es ilegal, pondrá la vida de la gente en peligro y enciende la alarma sobre el desprecio del presidente Trump por la separación de poderes».
«No hay razón justificable para rechazar categóricamente el derecho de las personas a solicitar asilo y no podemos enviarles de vuelta al peligro en base a la forma en la que entran (al país). El Congreso ha sido claro en este punto durante décadas», enfatizó el letrado de ACLU.
Las leyes nacionales especifican que cualquier persona que pise suelo estadounidense tiene el derecho a solicitar asilo y a que su caso se estudie, algo que ahora el Gobierno quiere limitar en la frontera con México únicamente a quienes acceden por los puertos de acceso autorizados.
Se prevé que la Administración recurra el bloqueo judicial ante una corte superior.
La decisión del juez se enmarca en un contexto en el que han llegado a la localidad mexicana de Tijuana, al otro lado de la frontera con San Diego (EE.UU.), miles de emigrantes que forman parte de la caravana que salió de Honduras el pasado 13 de octubre con el propósito de solicitar asilo en territorio estadounidense.
Según los últimos datos divulgados por el Pentágono, en estos momentos unos 5.900 militares se encuentran desplegados en la frontera sur colaborando con las autoridades fronterizas después de que Trump decidiera enviarles ante la llegada de la caravana.
