Los Ángeles – Una coalición de multinacionales como Twitter, Facebook y Microsoft han pedido a un juez que detenga una norma del presidente Donald Trump que impide llegar o permanecer en el país a aquellos migrantes de bajos recursos y que puedan convertirse en una «carga pública» para el Estado.
Según documentos judiciales a los que tuvo acceso este viernes hoy Efe, más de un centenar de empresas estadounidenses entregaron este jueves un «amicus curiae» o «amigo de la corte», una figura jurídica que permite a actores ajenos a un juicio o proceso ofrecer razonamientos jurídicos y consideraciones vinculadas con los hechos de un caso, para mostrar su descontento con la normativa.
Las compañías defendieron ante el Tribunal de Apelaciones del Cuarto Circuito que la regla de «carga pública» crea «obstáculos innecesarios» para los migrantes que buscan «venir o quedarse» en el país y advierten que la ley «ralentizará el crecimiento económico, evitará que las empresas se expandan y romperá con los valores centrales» de los Estados Unidos.
El documento, que fue dirigido por Boundless, una empresa emergente que ayuda a los clientes a navegar por el sistema migratorio de los EE.UU., fue firmado también por los sitios web Reddit, de marcadores sociales y agregador de noticias, y LinkedIn, de contactos profesionales, entre otros.
En octubre de 2019, tres tribunales federales impidieron que la Administración aplicara la regla de la «carga pública» antes de que pudiera entrar en vigencia, pero a principios de este mes, el Departamento de Justicia le pidió al Tribunal Supremo que aceptase este caso.
Los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) definen como «carga pública» a todo individuo que pueda potencialmente depender del Gobierno como fuente primaria de subsistencia, lo que se demostraría con la recepción de dinero de origen público como sustitutivo de renta.
Estos beneficios públicos incluyen asistencia alimentaria, vales de ayuda de vivienda y programas que subsidian el costo de los medicamentos, entre otros.
El actual Ejecutivo pretende recuperar esta política migratoria «aprobada por el Congreso» e implementada «durante más de un siglo» que sienta las base para el rechazo del permiso de residencia y deportación de aquellos inmigrantes considerados como potenciales cargas públicas.
Esto contradice la regulación establecida por el expresidente Bill Clinton (1993-2001) en 1999, que invitaba a no seguir las pautas de este estatuto federal.
