Washington – Un juez federal en Texas extendió este martes hasta el próximo 23 de febrero el bloqueo a la moratoria a las deportaciones decretada por el presidente, Joe Biden, el día de su investidura.
El juez Drew Tripton, del Tribunal del Distrito Sur de Texas, aceptó la solicitud hecha por el fiscal general de ese estado, Ken Paxton, quien ha demandado al gobierno de Biden por el decreto presidencial.
El magistrado consideró que está justificada la extensión de su decisión dado que existe una «buena causa» que justifica tal decisión, dándose así tiempo adicional para «considerar plenamente» el caso.
En su fallo, el tribunal recuerda que había pedido al Gobierno cifras sobre a cuántas personas afectaba la decisión y explica que los demandados le habían dicho que era una tarea ardua.
Esa información, que debería entregarse antes de este miércoles, dice el juez, le proporcionará una visión más amplia y le permitirá decidir al respecto.
Tripton asegura además en su escrito que sería mayor el «daño» sería mayor para los demandantes que para el Gobierno en caso de que no extender el bloqueo a la moratoria de las deportaciones.
En su solicitud, Paxton había afirmado que la moratoria sobre ciertas deportaciones representa «una abdicación total» de la responsabilidad del Gobierno federal de aplicar las leyes de manera clara.
La moratoria, escribió el fiscal general, «otorga una amnistía al menos temporaria a decenas de millones» de inmigrantes indocumentados muchos de los cuales, según Paxton, tienen antecedentes criminales».
El decreto de Biden formaba parte de lo que el presidente ha descrito como «una política inmigratoria justa y humana» que incluye propuestas para la legalización de unos 11 millones de inmigrantes indocumentados, criterios más estrictos para la detención de indocumentados y el restablecimiento del sistema de asilo.
Durante una audiencia el 29 de enero, Tipton inquirió a las partes sobre un acuerdo, firmado en los últimos días del gobierno del presidente Donald Trump, según el cual el Departamento de Seguridad Nacional debe dar a Texas un aviso con 180 días de anticipación cuando haya cambios en la aplicación de las leyes de inmigración en ese estado.
Los abogados del gobierno de Biden han indicado que ese acuerdo no tiene validez y no obliga al nuevo presidente porque ningún estado tiene derecho a vetar las atribuciones del gobierno federal en materia de inmigración.
Tipton asimismo preguntó a los abogados del gobierno de Biden si la pausa en la deportación llevaría a la liberación de personas acusadas de delitos graves o que hayan completado sus sentencias de prisión.
El juez apuntó que el decreto firmado por Biden el 20 de enero especifica que la pausa de 100 días en las deportaciones no se aplica a terroristas o individuos que representen una amenaza para la seguridad nacional, pero nada dice acerca de los cargos o condenas por crímenes.
Mientras el asunto sigue su curso en los tribunales, defensores de los inmigrantes han señalado que la orden de Tipton no obliga a que el Gobierno proceda con las deportaciones, y aunque la Administración Biden bien puede postergarlas considerándolas caso por caso, las deportaciones han continuado.
