Un ola de familias migrantes de Centroamérica huye del acoso de las pandillas

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Este "fenómeno migratorio tan marcado" es uno de los efectos colaterales de las pandillas o maras que operan en Honduras, Guatemala y El Salvador, explicó a Efe la Especialista Regional en Protección de la Infancia y Migración de Unicef, Mónica Darer. EFE/Esteban Biba/Archivo

Panamá – La violencia y el reclutamiento forzado de las pandillas en el Triángulo Norte de Centroamérica empujó en 2019 una ola migratoria de familias enteras que se frenó parcialmente por las restricciones por la pandemia, aunque el movimiento ya se reinició con fuerza tras la apertura de las fronteras.

Este «fenómeno migratorio tan marcado» es uno de los efectos colaterales de las pandillas o maras que operan en Honduras, Guatemala y El Salvador, explicó a Efe la Especialista Regional en Protección de la Infancia y Migración de Unicef, Mónica Darer.

Darer es la responsable por parte de Unicef del reporte «Familias que huyen», elaborado conjuntamente con la Agencia de la ONU para los Refugiados ACNUR.

«Las amenazas, la violencia y la persecución que se está dando en los países del norte de Centroamérica ya tiene una afectación mayor sobre las familias», y por ello casi el 20 % de los más de 3.100 entrevistados para el reporte dijeron que «huyeron» en unidades familiares, indicó.

SE DISPARA CIFRA DE FAMILIAS APREHENDIDAS EN LA FRONTERA CON EE.UU

Las cifras se dispararon en 2019: las familias aprehendidas en la frontera de EE.UU. con México aumentaron un 456 %, pasando de 77.800 familias en 2018 a más de 432.000 el año pasado, según datos recogidos en el informe.

El acoso es parte de la realidad que viven las familias centroamericanas, pues cuando las pandillas «persiguen a un individuo, también se ve afectado todo el grupo familiar, por eso huyen» juntos, señaló Darer.

La violencia de las pandillas también afecta los ingresos domésticos por las «extorsiones» y obliga «desplazamientos internos, que los niños dejan de ir a la escuela por miedo, el reclutamiento forzoso», englobando un efecto negativo socioeconómico en el hogar.

El desplazamiento de las familias ha aumentado «visiblemente», tanto en grupos pequeños, de dos personas del mismo núcleo, o en «caravanas», a aquellos grandes grupos mixtos, indicó el reporte.

MENORES NO ACOMPAÑADOS

La migración de adolescentes y menores no acompañados por Centroamérica es un fenómeno «de los últimos seis años» pero que ha ido creciendo «con números muy altos», afirmó Dader.

El reporte de Unicef y ACNUR, realizado entre diciembre de 2019 y marzo de 2020 con 3.104 entrevistas en El Salvador, Guatemala, Honduras y México, muestra que el 30 % de los niños y niñas no acompañados identificaron algún tipo de violencia como el principal detonante de su desplazamiento, en su mayoría amenazas de muerte.

Los menores no acompañados aprehendidos en la frontera sur de EE.UU. aumentaron un 68 % el año pasado, pasando de 41.283 en 2018 a 69.157 a 2019.

LA PANDEMIA RALENTIZA LA MIGRACIÓN PERO NO LA DETIENE

El cierre de fronteras y las medidas para frenar la pandemia en curso limitaron la migración de Centroamérica, especialmente en el Triángulo Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras), pero agravando la violencia y persecución durante el confinamiento, recoge el informe.

«Los números de migrantes detectados en la ruta ha sido menor sobre todo entre marzo y septiembre», sin embargo, con el relajamiento de las restricciones «los desplazamientos detectados en la frontera sur de EE.UU. ya están aumentado si vemos las cifras de octubre y noviembre», afirmó Darer.

Por ejemplo, en «enero se detectaron unos 30.000 migrantes en esa frontera, y en octubre ya había 70.000. Casi más del doble», precisó.

A finales de 2019, más de 800.000 personas de El Salvador, Guatemala y Honduras habían buscado protección dentro de sus países o habían cruzado fronteras internacionales en busca de asilo para escapar de amenazas interrelacionadas, incluidos niveles crecientes de violencia y persecución de pandillas, entre otros factores, según el informe.

«Todos los Estados tienen el deber de dar el acceso al territorio y protección para esas personas que están huyendo de situaciones que ponen en riesgo su vida y su integridad. No es negociable el asilo, y es una obligación analizar cada caso de esos menores que huyen de sus países para darles protección», dijo la funcionaria.

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