Nueva York – Un tribunal federal prohibió este miércoles, por segunda vez en un mes, que un menor hondureño sea deportado mientras su caso continúa adelante, en la primera demanda contra la política de la Administración del presidente Donald Trump de usar normas de salud para expulsar a menores.
El pasado 10 de junio la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), la ONG humanitaria Oxfam y el Centro para Estudios de Género y Refugiados presentaron una demanda en el distrito federal de Columbia (Washington), retando la política basada en la salud, con la que lograron una orden en 24 horas que evitó la deportación del joven hondureño y que expiraba este miércoles.
El juez federal Carl Nicholas no tomó hoy una decisión sobre la demanda original y en su lugar emitió un fallo que prohíbe nuevamente la remoción del niño mientras su demanda continúa. El magistrado quiere conocer más del caso antes de tomar una decisión final sobre el futuro del adolescente.
De acuerdo con un comunicado de los demandantes, el juez Nicholas «estuvo de acuerdo con ellos en que los CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades) probablemente habían excedido su autoridad al ordenar la expulsión de niños y solicitantes de asilo bajo las leyes de salud pública» debido a la pandemia de COVID-19.
Los demandantes argumentaron que el menor no había mostrado síntomas de COVID-19 y que está en un hotel bajo la custodia de la agencia de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP) a pesar de que su padre, quien también ha pedido asilo, vive en Estados Unidos.
«Este fallo es un primer paso fundamental para rechazar el intento sin precedentes e ilegal de la Administración Trump de expulsar a los niños y los solicitantes de asilo en virtud de estas leyes de salud pública», dijo en el comunicado Lee Gelernt, abogado de la ACLU.
Desde marzo de 2017 el Departamento de Seguridad Nacional ha adoptado las normas de los CDC según las cuales son deportados de inmediato los migrantes que, tras cruzar la frontera ilegalmente, muestran síntomas de enfermedades contagiosas.
Basados en esas normas, decenas de miles de personas, incluidos menores de edad no acompañados por un adulto, han sido devueltas a México donde las que buscan asilo tienen que esperar el trámite de sus solicitudes ante los tribunales de inmigración de Estados Unidos.
Por su parte, Noah Gottschalk, a cargo de política humanitaria de Oxfam, consideró que el fallo de Nicholas fue una «afirmación importante» de que la Administración Trump no puede ignorar las salvaguardas humanitarias diseñadas para proteger a los niños que huyen de la persecución.
«Esperamos que esto marque el comienzo de un renovado respeto por las obligaciones de Estados Unidos hacia los solicitantes de asilo», sostuvo.
«Una vez más, debemos confiar en los tribunales para recordarle a la Administración Trump que no tiene el poder de reescribir la ley y que no puede eludir las protecciones para los niños vulnerables», afirmó el director legal del Centro para Estudios de Género y Refugiados, Blaine Bookey.
