Bruselas – Una eurodiputada neerlandesa se ha propuesto llevar ante la Comisión Europea la situación de abuso y explotación laboral en Países Bajos de los migrantes, que afecta a cientos de trabajadores españoles, tal y como destapó la Agencia EFE en un reportaje publicado este lunes.
«Pedimos a la Comisión que tome medidas ante los Estados miembros, en este caso a los Países Bajos, en relación con la forma en que se utiliza y se abusa de la subcontratación en las agencias de empleo», explicó la eurodiputada socialista Marit Maij, en declaraciones a EFE.
La Agencia EFE publicó el pasado lunes las condiciones abusivas denunciadas por migrantes españoles afectados por esta situación, así como las investigaciones de la federación sindical neerlandesa FNV y una abogada hispano-neerlandesa, Eva González Pérez, que han documentado la vulnerabilidad en la que se encuentran las decenas de miles de trabajadores extranjeros en Países Bajos.
El problema radica en que los trabajadores de otros países acuden a Países Bajos atraídos con promesas de sueldos dignos y derechos laborales, pero al firmar el contrato de trabajo y de alquiler en un mismo documento acaban dependiendo para todo de las agencias de empleo que les reclutaron.
Tras salir a la luz estos abusos, la diputada ha decidido llevar la situación ante la Comisión Europea y para ello ha remitido varias preguntas a la institución para saber qué medidas van a tomar para limitar las subcontratas, una de las formas habituales en las que contratan a los trabajadores migrantes.
Según la socialista, en sectores como el transporte puede haber hasta 30 subcontratas, «por lo que nadie se siente responsable de los trabajadores».
«Queremos ver si podemos limitar el número de subcontrataciones, limitarlo quizá a tres o cuatro niveles», afirmó la eurodiputada, porque aunque Maij entiende que a veces las empresas necesitan este tipo de contratos, cree que se está explotando a los trabajadores.
«Insuficiente» regulación
Además, pedirá a la Comisión que revise la directiva que impide a las empresas deducir dinero del sueldo mínimo para pagar la vivienda de los empleados.
Esta es la situación de las agencias de empleo neerlandesas que deducen a los trabajadores parte de su sueldo para pagar alojamientos, que en muchas ocasiones están en malas condiciones.
Uno de los afectados, Valentín Fuentes del Burgo, describió en el reportaje publicado por EFE su alojamiento como un «hostal destartalado», con basura en las habitaciones, ventanas bloqueadas, hacinamiento y un coordinador que funcionaba «como un matón».
Maij calificó de «insuficiente» la regulación actual de la UE sobre las agencias de empleo, que llegan a las 20.000 en Países Bajos, y espera que Bruselas incluya en el llamado Paquete de Movilidad Laboral Justa, que la Comisión presentará el año que viene, medidas para regular su trabajo y asegurar que cumplen la ley.
La eurodiputada también hizo hincapié en la necesidad de mejorar las inspecciones de trabajo de la Autoridad Laboral Europea, agencia de la UE que coordina las inspecciones en distintos países.
«El mandato de la Autoridad Laboral Europea es limitado y queremos que se amplíe para que sea más fuerte y para asegurarnos de que puedan trabajar mejor con las inspecciones nacionales en los distintos países para hacer frente a estas atrocidades», añadió.
A nivel nacional, Maij cree que el Gobierno puede prohibir los contratos temporales en determinados sectores como sería el sector de la carne, el transporte o la construcción, y subrayó que otros países como Alemania ya han tomado una medida similar. EFE
