Washington – Las separaciones de niños y padres en la frontera de EE.UU. con México por parte de las autoridades estadounidenses continúan actualmente, denunció hoy una organización ante un comité de la Cámara de Representantes del país.
«Si bien las razones de la separación no siempre son claras y siguen siendo preocupantes, nunca está bien sacar a los niños de sus familias con el propósito de hacer cumplir la ley de inmigración», apuntó la vicepresidenta de la organización Bethany Christian Services, Donna Abbott, en una audiencia en el Congreso estadounidense.
Estados Unidos comenzó a aplicar oficialmente una política de «tolerancia cero» hacia la inmigración ilegal en abril pasado, cuando las autoridades comenzaron a procesar criminalmente a los adultos que llegaban irregularmente al país, lo que originó la separación de cerca de 3.000 menores de sus padres indocumentados.
Después de la presión pública a nivel global, el presidente estadounidense, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva en junio para detener las separaciones en el linde sur.
«Los niños nunca deben usarse como elemento de disuasión o cebo», agregó Abbot, en declaraciones ante el subcomité de Supervisión e Investigaciones de Energía y Comercio de la Cámara Baja.
De acuerdo con datos de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), 83 niños separados en la frontera permanecían en custodia del Gobierno estadounidense a fecha del 1 de febrero.
El comandante Jonathan White, también presente en esa audiencia y que fue uno de los encargados de supervisar el cuidado de los menores, reconoció que la política de la Administración de Trump «no fue en el mejor interés» de los menores.
«No creo que la separación de los niños de sus padres sea en el mejor interés del niño, pero no participé en las negociaciones sobre esta política», argumentó White.
El funcionario aseguró que «ni él ni ningún trabajador de la ORR» hubiera apoyado una política de este tipo.
En esa audiencia, la congresista demócrata Jan Schakowsky consideró que estas separaciones familiares puede catalogarse de «abuso infantil patrocinado por el Estado».
La aplicación de la política de «tolerancia cero», impulsada por el anterior fiscal general de EE.UU., Jeff Sessions, fue ampliamente criticada por la oposición demócrata y organizaciones que protegen los derechos de los inmigrantes.
Asimismo, la senadora demócrata Elizabeth Warren y el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, iniciaron una campaña para pedir la desaparición del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la agencia gubernamental encargada de las deportaciones del país estadounidense.
