Tegucigalpa – La reconversión que sufrirá el Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) y que incluye la salida de personal supernumerario demanda unos 700 millones de lempiras para el pago de derechos laborales.
– La semana que está por comenzar es crucial para el futuro de este ente estatal de formación profesional.
Así lo informó Juan José Cruz, representante del sector privado en la junta directiva del Infop, que agregó se necesitan buscar los recursos para honrar con estos compromisos.
Citó que la semana que está concluyendo se acordó iniciar una reorganización en el Instituto de Formación para que pueda responder a las demandas del mundo laboral.
“Una de las premisas que el Consejo Directivo ha puesto en la mesa y que no se puede soslayar, es el hecho que en el caso que haya empleados que tengan que dejar la institución, se les pagará hasta el último centavo por concepto de derechos laborales”, explicó.
Cruz reconoció que se trata apenas de un primer paso, pero que la iniciativa privada demanda cambios en la Ley Orgánica -vigente desde 1972- que promuevan cambios en la parte operativa, administrativa y técnica.
“Queremos que esta opción tenga el oxígeno necesario y las asistencias necesarias; ahora se necesita un proceso más amplio de acción para poder decir que la capacitación y preparación de los técnicos que entran al mercado laboral sea más profesional”, asistió.
Remarcó que para el pago de derechos laborales -con base al informe que presentó el director del Infop- se necesitan entre 680 y 700 millones de lempiras que no se tienen disponibles actualmente. “Para que todos los que trabajan en el Infop y para que estén tranquilos, les decimos que no se tomarán decisiones a la carrera y primero habrá que conseguir el financiamiento”, apostilló.
Descartó que el Infop sea privatizado y el mismo seguirá siendo una institución pública, a la que la empresa privada transfiere anualmente entre 900 y 1 mil millones de lempiras.
Pretenden acabar con la
universidad de los pobres
De su lado, el representante del sector obrero, José Luis Baquedano, estimó que en Infop se fragua “la crónica de una masacre anunciada”.
Propuso invertir los 700 millones de lempiras, que se estiman para el pago de prestaciones laborales, en un correcto funcionamiento de la institución. “Queremos que el Infop siga funcionando porque se trata de la universidad de los pobres, de los postergados, de los excluidos”, adicionó.
Baquedano mencionó que los empresarios cotizan al Infop no de manera voluntaria, “lo hacen porque la ley los obliga y aparte de eso esos montos se les deduce del Impuesto Sobre la Renta”.
Pidió no satanizar al sindicato y al cumplimiento del contrato colectivo, al tiempo que criticó que personajes políticos, que hoy están en la Corte Suprema de Justicia o en el Congreso Nacional, fueron los que saquearon la institución.
