San Salvador – Al menos 1.946 ciudadanos de El Salvador y Honduras sufrieron desplazamiento forzado por la violencia generalizada en 2018, siendo los más afectados las mujeres y los niños, según un estudio presentado este martes en San Salvador.
El documento, elaborado por organizaciones que integran el Sistema Regional de Monitoreo y Análisis del Desplazamiento Forzado Generado por la Violencia en el Triángulo Norte de Centroamérica, señala que del total de desplazados 1.724 son ciudadanos salvadoreños y 222 hondureños.
Además, indica que el 53 % son mujeres y el 46,6 % son hombres, y que el 47 % son niños y adolescentes menores de 18 años, lo que demuestra que las mujeres y los niños «siguen siendo los más afectados por este fenómeno», de acuerdo con la directora de Programas de la organización Cristosal, Celia Medrano.
Medrano apuntó que las miembros de pandillas y de estructuras de crimen organizado son los principales causantes del desplazamiento forzado por violencia generalizada.
Asimismo, señaló que en el caso de El Salvador en el año anterior se registraron casos de «desplazamientos que fueron generados por actores estatales, principalmente por elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) y de la Fuerza Armada».
La experta explicó que la desatención del Estado salvadoreño en territorios «específicos», la ausencia de servicios de salud, de educación y de oportunidades económicas para poblaciones que se encuentran marginadas «es un conductor indiscutible que detona el desplazamiento forzado por violencia generalizada en el país».
Asimismo, la ausencia de estructuras estatales que generen políticas e implementen programas integrales para la atención y protección de víctimas de violencia «también es un conductor que detona desplazamiento forzado», expuso.
Según Medrano, los departamentos salvadoreños que más desplazados registraron fueron San Salvador, La Libertad (centro), La Paz (oeste) y Usulután (este).
Por lo anterior, la directora de programas de Cristosal ve urgente que el nuevo Gobierno, liderado por Nayib Bukele, «reconozca a las víctimas de violencia en condición de desplazamiento forzado para brindar la efectiva atención y protección a estas personas».
«Esperamos que el nuevo Gobierno de un paso que el (Ejecutivo) anterior no dio y negó, de manera reiterada, la existencia de desplazamientos forzados por la violencia», manifestó.
Añadió que negar el desplazamiento forzado es «una grave violación a los derechos humanos de las personas que lo sufren».
Una encuesta de la Universidad Centroamericana (UCA) presentada recientemente expone que en 2017 el 5,1 por ciento de la población adulta, aproximadamente 225.822 personas, tuvieron que desplazarse por la violencia.
Cifras de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), proporcionados por Cristosal, revelan que entre 2014 y 2016 el número de solicitudes de asilo de salvadoreños en varios países del mundo se incrementó en un 268 por ciento.
El Salvador es considerado uno de los países más violentos del mundo por sus tasas de homicidios de 103, 81,7 y 60 por cada 100.000 habitantes en 2015, 2016 y 2017, respectivamente, crímenes atribuidos principalmente a las pandillas.
