Chicomuselo (México) – Unas 1.000 víctimas de desplazamiento forzado por la ola de violencia que ha generado el crimen organizado en comunidades del estado de Chiapas, cerca de la frontera con Guatemala, sur del país, regresaron este jueves al municipio de Frontera Comalapa y exigieron al Gobierno seguridad en la región.
Las personas retornaron a sus hogares, desde el municipio de Chimuselo, a unos 25 kilómetros de distancia, y en su regreso fueron escoltados por agentes Protección Civil, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Guardia Nacional.
Esto luego de que el miércoles unos 1.500 agentes militares tomaron el control del citado municipio de Frontera Comalapa.
Desde la semana pasada varias comunidades del municipio de Frontera Comalapa fueron escenario de balaceras y bloqueos entre grupos criminales.
Según fuentes de seguridad, los enfrentamientos los protagonizaron presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación y del Cártel de Sinaloa, situación que provocó el desplazamiento de, al menos, unos 3.000 habitantes.
Este jueves, mujeres y hombres relataron a EFE el duro golpe y terror que vivieron durante siete días, bajo la lluvia de balas que lanzaron los grupos criminales.
Este es el primer grupo conformado por alrededor de 1.000 personas, de casi 3.000 desplazados, que aceptó retornar a su comunidad con la ayuda de las fuerzas militares.
ESCOLTADOS POR MILITARES
El regreso se dio en seis camiones militares y las personas fueron custodiadas por decenas de agentes militares quese encargaron de escoltar a pobladores de las comunidades Nueva Independencia, Nueva Libertad y Flores del Grijalva.
De acuerdo con las autoridades municipales, fueron tres las localidades del municipio de Frontera Comalapa que quedaron vacías, debido a que sus habitantes huyeron de la ola de violencia, ante el temor de ser agredidos o reclutados por los hombres armados.
En la comunidad Lajerillo, en Frontera Comalapa, se pudo observar automóviles siniestrados, cientos de cartuchos percutidos hallados sobre la cinta asfáltica, un par de viviendas con perforaciones de bala de alto calibre y cristales rotos.
“Poco a poco se está normalizando la situación, antes de la llegada del Ejército había gente desplazada en las montañas, en los arroyos, en los montes, en zonas de difícil acceso pero se está llegando a sensibilizar para su retorno”, expresó a EFE la autoridad municipal de Chicomucelo, Humberto Robledo.
Mientras esperaba el transporte para su retorno, en compañía de su esposa, hijo y suegros, Osiel Tomás, habitante de una de las comunidades afectadas por la violencia, contó a EFE que su huida fue para proteger a su familia de las balas.
“El panorama se estaba poniendo feo por las balaceras, uno se resguarda de las balas perdidas, y yo tengo familia que cuidar”, dijo Osiel, quien llevaba a su hijo en brazos.
Mientras agentes militares ayudaban a subir a las mujeres a los camiones, Orlando López se despidió de sus dos hijas, ya que prefirió dejarlas en la comunidad Josefa Ortiz de Domínguez por temor a que el crimen organizado protagonice nuevamente hechos violentos.
“Queremos estar seguros de que todo esté bien allá y ya después vamos por ellas a Comitán. Nos hubiera gustado que esta protección que tenemos hoy hubiera estado durante el tiroteo”, dijo a medios.
Además, exigió apoyo por parte del Gobierno federal y estatal, para que se garantice la paz y tranquilidad en la zona fronteriza de Chiapas y recordó que debido a la ola de violencia los servicios de salud y la educación fueron suspendidos.
El pasado fin de semana un centenar de ONG exigieron a los gobiernos municipal, estatal y federal garantizar la seguridad e integridad de la población de varios municipios del sureño estado mexicano de Chiapas ante la violencia provocada por grupos del crimen organizado.
Según versiones de pobladores y activistas, la violencia se ha instalado en la región debido a una disputa por la plaza entre el Cártel de Sinaloa y el grupo criminal llamado “El Maíz”, ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Además, según informes del Comité de Derechos Humanos Digna Ochoa, los municipios de Chicomuselo, Mazapa y Frontera Comalapa desde hace dos años han reportado presencia del crimen organizado.
En tanto, las organizaciones defensoras de DD.HH. han señalado que desde 2022 a la fecha ha habido un desplazamiento forzado de unas 8.000 personas.
