Jerusalén – Para Jonathan Fowler, portavoz en Jerusalén de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA), las últimas medidas adoptadas por el Gobierno israelí para vetar al organismo son una «falsa solución» y abren la veda a que otros países, como ya hace Israel, desoigan futuros mandatos de la comunidad internacional.
«Deshacerse de la UNRWA no significa que el problema desaparezca: los refugiados siguen ahí, los campamentos -hoy en día ya de hormigón- siguen ahí y continúa existiendo la necesidad de velar por el bienestar de la población refugiada palestina», asegura Fowler en una entrevista con EFE desde la sede de la entidad en Jerusalén este ocupado.
Fowler emplea, como llevan haciendo tantos otros desde la guerra árabe-israelí de 1948 que dio lugar a la creación de Israel, el término «problema» para referirse al limbo en el que cayeron cientos de miles de palestinos desplazados en ese conflicto, quienes con sus descendientes, hoy suman más de cinco millones de personas distribuidas entre Gaza, Cisjordania, Jordania, Líbano y Siria.
Ante la ausencia de un Estado palestino en 75 años o una solución «justa y duradera para estos refugiados», como indica Fowler, la Asamblea General de la ONU ha ido renovando, cada tres años desde 1949, el mandato de la UNRWA bajo el que presta servicios educativos y sanitarios cruciales.
E incluso, si Israel lograse ahora desmantelar de forma unilateral esta agencia el estatus de refugiado de sus beneficiarios no expiraría. «Expulsarnos no es una solución. Es una solución falsa y, desde luego, no es una solución aceptable porque es unilateral», denuncia Fowler, quien reitera que la cuestión de los refugiados no es un «interruptor que puedas apagar y encender».
Según el Derecho Internacional Humanitario, en caso de desaparición de la UNRWA debe ser Israel -como potencia ocupante- quien garantice el bienestar de la población palestina ocupada; situación para la que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, no tiene una respuesta.
FIN DE LA UNRWA EN PALESTINA
Anoche, en dos votaciones consecutivas, la Knéset (Parlamento israelí) aprobó con una abrumadora mayoría prohibir en tres meses las actividades de la UNRWA en territorio soberano israelí, incluido el anexionado Jerusalén Este, y dio luz verde a una «política de no contacto» entre sus funcionarios e instituciones con la UNRWA.
En la práctica, de implementarse, esto supondrá que la UNRWA tampoco podrá seguir operando en los territorios palestinos ocupados de Cisjordania y Gaza, donde requiere de permisos de entrada israelíes, visados, y comunicación continúa con el Ejército para poder moverse -sobre todo en una Gaza devastada y en guerra- sin que sus convoyes o personal sean atacados.
Las implicaciones de estas medidas sobre el terreno se atragantan en la garganta de Fowler: la incapacidad de asegurar sus flotas de vehículos, de recibir ayuda humanitaria para Gaza en el puerto israelí de Asdod, de atravesar los puestos de control militares israelíes sin demasiada dificultad y, sobre todo, de seguir operando en decenas de escuelas y hospitales en Gaza.
CAMPAÑA DE DESCRÉDITO
Mucho antes de los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, pero de forma exacerbada desde entonces, Israel ha intentado ensuciar la reputación de la UNRWA, llegando a decir que el 10 % de sus 30.000 empleados eran miembros de Hamás, algo que fue desmentido tras una investigación independiente, pero que causó la congelación temporal de fondos de muchos países miembros de la ONU, que aún mantiene Estados Unidos.
Según una investigación de la Oficina de Servicios de Supervisión Interna de las Naciones Unidas del 5 de agosto, «nueve miembros» de la UNWRA podrían haber estado involucrados en el ataque de Hamás. «Nueve no es un número representativo. Esto claramente no tiene nada que ver con nuestra neutralidad (como agencia), se trata de deshacerse de nosotros», insiste Fowler.
Pero a su juicio, lo peor no es si la UNRWA logrará o no recuperarse de este nuevo «golpe» de Israel, sino el efecto domino que estas medidas contrarias a una resolución de la ONU pueden generar en otros potencias reacias a cumplir con el Derecho Internacional Humanitario.
«Si ahora estamos en una situación en la que un gobierno, que considera que una agencia de la ONU es incómoda, decide aprobar una legislación para prohibir que opere en su territorio, ¿qué impide que otros hagan lo mismo en otros lugares?», se pregunta Fowler quien exige que, esta vez, las acciones israelíes tengan consecuencias.
