Los Ángeles (EE.UU.) – Al cumplirse este martes la fecha límite para que más de 230.000 salvadoreños renueven su TPS, los activistas temen que los beneficiarios de este amparo migratorio no aprovechen la nueva prórroga que actualmente se ve favorecida por la buena relación entre los Gobiernos de Donald Trump y su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele.
Organizaciones como la Asociación de Salvadoreños de Los Ángeles (ASOSAL) temen que aquellos que no hagan la renovación quedarán inmediatamente expuestos a una eventual deportación y perderán sus permisos de trabajo.
«El Gobierno de Donald Trump ha dicho que todos los indocumentados están en la mira de sus operativos masivos de deportación, así que si los salvadoreños no renuevan por 18 meses más su TPS se exponen a ser detenidos por inmigración», manifestó a EFE la directora de ASOSAL, Teresa Tejada.
Se estima que más de 232.000 salvadoreños con el TPS son elegibles para renovar el beneficio que fue extendido hasta el 9 de septiembre de 2026 por la Administración de Joe Biden (2021-2025), según datos del Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS, en inglés).
La querella argumentaba que, a pesar de que el TPS es una acción ejecutiva, Trump no tenía la autoridad de terminar el amparo y que la terminación «hacía parte de la agenda antiinmigrante y de supremacía blanca» que el Gobierno había impulsado.
En su segundo mandato Trump se ha ido contra el amparo. El mes pasado puso fin al TPS que favorece a unos 350.000 venezolanos y también revocó el amparo a más de medio millón de haitianos que en los próximos meses quedarán desprotegidos.
La secretaria de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), Kristi Noem, argumentó que «durante décadas» se ha «explotado y abusado» de ese beneficio, y que el expresidente Joe Biden (2021-2025), que otorgó las extensiones, quiso atar las manos de la administración republicana al otorgar las extensiones.
Sin embargo, el actual gobierno dejó intacto el TPS de los salvadoreños otorgado en 2001 tras los terremotos que azotaron ese país. Para Miguel Tinker Salas, analista político y profesor de Estudios Latinoamericanos en la Universidad Pomona, esta actitud del Ejecutivo refleja «el interés» de EE.UU. para hacer que El Salvador reciba a inmigrantes deportados con supuesto récord criminal, como lo hizo este fin de semana.
El sábado pasado tanto Trump como Bukele publicitaron el envío de más de 250 migrantes a El Salvador, pese a que un juez había ordenado al Gobierno frenar de inmediato los vuelos de deportación amparados en una ley utilizada únicamente en tiempos de guerra.
«Trump quiere que El Salvador se convierta en el Guantánamo de Centroamérica», advirtió el catedrático.
Recordó que el secretario de Estado, Marco Rubio, se reunió con el presidente de El Salvador a inicios de febrero. «Quieren que El Salvador opere como GEO o Core Civic, que manejan el multimillonario negocio de las cárceles de inmigración en el país (EE.UU.)».
A esto se suman las remesas familiares que para El Salvador son vitales, en 2024 enviaron cerca de 8.500 millones de dólares, lo que representó un incremento del 2,5 % en comparación con 2023. «Lamentablemente esta buena relación que favorece a unos inmigrantes está perjudicando a otros», puntualiza Tinker Salas.
