Los Ángeles – Cuarenta y nueve organizaciones proinmigrantes enviaron este miércoles una carta al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, urgiéndolo a revocar las prioridades del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) que apuntan a los solicitantes de asilo como blancos de detención y deportación.
Señalaron que las prioridades de aplicación de la ley migratoria incluidas en la guía interina del ICE del pasado 18 de febrero “apuntan a amplios grupos de inmigrantes como blancos de deportación, les niegan categóricamente el ejercicio favorable de la discrecionalidad procesal, y separan de forma violenta familias y comunidades”.
Por ello, enfatizaron “el grave daño que estas prioridades infligen a solicitantes de asilo” que huyen de la persecución y la tortura en sus países de origen.
Precisaron que la guía interina apunta a cualquier individuo que ingrese o intente ingresar a Estados Unidos sin inspección a partir del 1 de noviembre de 2020, así como a cualquier persona que no estuviera en el país antes de esa fecha.
“Esta prioridad de ‘seguridad fronteriza” adopta efectivamente la satanización de la Administración pasada contra las personas que buscan protección en la frontera EE.UU.-México”, argumentaron en la carta.
Indicaron que quienes huyen de la persecución y la tortura tienen el derecho legal de solicitar protección en un puerto de entrada a Estados Unidos o después de haber ingresado al país.
“Muchos huyen a través de la frontera sin inspección en parte porque el acceso al asilo no ha sido restaurado debido a la política de expulsión del Título 42 que su Administración ha continuado”, subrayaron.
Los firmantes hacen referencia al mecanismo instrumentado por la administración de Donald Trump (2017-2021), que el presidente Joe Biden mantiene en vigor, y que permite expulsar de manera inmediata a inmigrantes y solicitantes de asilo con el argumento de la crisis sanitaria de la covid-19.
Por ello, las organizaciones urgieron al DHS a “dejar atrás el marco de ‘prioridades de aplicación’ y en vez de ello designar categorías de individuos para protección frente a la aplicación” de las leyes migratorias.
Entre las organizaciones firmantes figuran la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), Al Otro Lado, el Consejo Estadounidense de Inmigración, Espacio Migrante, Human Rights Watch y el Instituto para las Mujeres en la Migracion (IMUMI).
