Miami – Venezolanos radicados en Miami consideraron «incongruente» que el Gobierno de Donald Trump por un lado rechace la «dictadura» de Nicolás Maduro y por el otro someta a unos 250.000 ciudadanos de Venezuela a la deportación, al no concederles por ahora un Estatuto de Protección Temporal (TPS).
Los consultados por Efe hablaron así en relación a la respuesta que dio el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) al senador Richard J. Durbin cuando urgió a esa agencia a concretar un TPS para los venezolanos que han huido de su país y se han asentado en EE.UU.
En una carta conocida el martes, Ken Cucinelli, director en funciones de USCIS, sin decirle que no, expuso a Durbin las razones de que otorgar un TPS sea tan complejo y terminó señalando que «puede haber» otras opciones de alivio migratorio para los venezolanos, lo que se interpreta como una negativa.
La Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex) señaló este miércoles que están «bastante confundidos» porque viene de un gobierno que reconoce que Venezuela «es un régimen que mata a su pueblo no solo de hambre, sino que lo tortura y viola sus derechos humanos».
«Nos sorprende que los mismos que tienen esta percepción que es clara, no quieran otorgar una protección a los venezolanos que se encuentran en Estados Unidos», expresó a Efe José Antonio Colina, presidente de Veppex.
En el mismo sentido se pronunció Carmen Giménez, presidenta de USA Refugees & Immigrants, al señalar que la comunidad venezolana no se va a rendir y tiene la esperanza de que Trump apruebe un TPS.
«Sería muy mala política de él no aprobarlo, porque sabe que los venezolanos, los que tenemos la doble nacionalidad, no nos vamos a rendir y no vamos a votar por él, y va a perder el estado de Florida» en las elecciones presidenciales de 2020, manifestó a Efe.
Giménez, que desde hace ocho años ha cabildeado con USCIS en favor de un TPS, señaló que por lo menos medio millón de venezolanos podrían beneficiarse de la protección migratoria temporal.
La mitad de ellos enfrenta un mayor riesgo de deportación, dijko la experta, quien precisó que entre unos 250.000 y 270.000 compatriotas suyos tienen pendiente una solicitud de asilo o están de plano indocumentados porque que no han hecho ningún papeleo para legalizarse en el país esperando un posible TPS.
Ambos activistas lamentaron que el director interino de USCIS, Ken Cuccinelli, no ofrezca esta alternativa migratoria temporal cuando la crisis en Venezuela se ha agudizado y los indocumentados están atemorizados por las redadas masivas anunciadas por Trump, entre ellas en Miami, hogar de muchos de estos exiliados.
«Muchos venezolanos podrían ser susceptibles de ser apresados y enviados a Venezuela en medio de toda esta política migratoria agresiva, que fue la promesa electoral de Trump, pero que no aplica para los venezolanos», señaló Colina.
En respuesta a la carta reciente de Cuccinelli, Durbin, que junto a otros 23 senadores reclamaron en marzo pasado el TPS para los venezolanos dada la «peligrosidad» de su país, subrayó que Trump no puede tenerlo todo a la vez.
«No puede advertir a los estadounidenses que Venezuela es demasiado peligrosa para visitar, solo para darse la vuelta y decirle a los venezolanos en los Estados Unidos que tienen que regresar», manifestó en su cuenta de Twitter.
Los venezolanos lamentan que pese a que lidera una campaña para despojar a Maduro del poder al reconocer como presidente interino de Venezuela a Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, Trump no tienen en consideración la situación de los venezolanos aquí.
«Es inaceptable que la administración de Trump hable de la crueldad del régimen de Maduro y al mismo tiempo deporte a los venezolanos», indicó por su parte Luisana Pérez, portavoz del Partido Demócrata en Florida.
Trump además ha sancionado económicamente al régimen de Maduro, entre ellos a «Nicolasito» Maduro, hijo de Maduro, y restringido las operaciones en el país de la empresa Petróleos de Venezuela (Pdvsa), principal fuente de divisas para Caracas.
Por otro lado, organizaciones nacionales a favor de los inmigrantes, como America’s Voice, instaron al Congreso a actuar e «intensificar y salvaguardar a los que sufren violencia y malestar, y proteger a los venezolanos que ya residen en los Estados Unidos».
En la Cámara baja del Congreso avanza un proyecto de TPS para venezolanos presentado en enero pasado por congresistas de Florida de ambos partidos para protegerlos de la deportación y permitirles el acceso a un permiso de trabajo temporal.
Colina señaló que solicitará a la congresista Nancy Pelosi, presidenta de esa cámara, que ese proyecto «sea llevado al piso para su votación» y pueda ser tramitado después en el Senado.
El TPS es un programa migratorio creado en 1990 con el que los Estados Unidos conceden permisos de forma extraordinaria a los nacionales de países afectados por conflictos bélicos o desastres naturales.
Giménez explicó a Efe que Venezuela cumple con «múltiples» condiciones para ser merecedora del TPS, entre ellas las humanitarias, pero que se ha vuelto un tema «político» y responderán de forma política en las elecciones de 2020.
«En el caso de Venezuela hay incluso pandemias, hay epidemias de malaria, tuberculosis, una situación grave de salud», dijo Giménez.
Por su parte, America’s Voice criticó la «cruel» decisión y subrayó que es otra muestra de la política del gobierno «de poner fin a la protección de las familias de Haití, Honduras, Nicaragua, Nepal y otros países, que aún sufren desastres naturales y disturbios políticos», manifestó Pili Tobar, directora adjunta de America’s Voice.
«La hostilidad del Partido Republicano hacia los inmigrantes latinos se impuso sobre las prioridades de la política exterior, los derechos humanos o cualquier preocupación por los refugiados desesperados que buscan seguridad y refugio», señaló.
