Washington – Indocumentados detenidos por la Patrulla Fronteriza en el sector de Tucson, Arizona, han permanecido en «condiciones crueles e inhumanas» según dijeron este miércoles abogados defensores de los inmigrantes y que mostraron videos para reflejar la situación.
En una teleconferencia, la abogada Carolyn Walters, del American Immigration Council, exhibió videos con imágenes tomadas al interior de un centro de detención de la Patrulla Fronteriza, obtenidos como parte de la investigación para una demanda que el grupo ha interpuesto en Arizona en 2015.
En una de las imágenes, captada el 6 de abril de 2019 a las 11 de la noche, pueden verse varias personas envueltas en sábanas de aluminio, acostadas en el suelo muy cerca unas de otras, mientras otros detenidos pasan por encima buscando un sitio donde extender una colchoneta para descansar.
«Los detenidos estaban hacinados», explicó Walters. «Cada año cientos de miles de personas son detenidas a lo largo de la frontera y van a dar a estas condiciones de hacinamiento. Éstas son peores que las que tendrían si hubiesen cometido un crimen y estuvieran en la cárcel y son inconstitucionales».
La Patrulla Fronteriza, añadió Walter, «rutinariamente mantiene a los detenidos por días y días en condiciones crueles e inhumanas, sin camas, durmiendo en el suelo, con poco espacio para yacer. En el video pueden verse otras personas paradas, porque no hay lugar para echarse, o porque esperan para ir a los sanitarios».
Royce Murray, otra abogada de AIC, señaló que otro problema que persiste es la dificultad que tienen los migrantes detenidos para acceder al asesoramiento legal.
«Es algo en lo que seguimos trabajando, porque a veces hay personas que permanecen bajo custodia de la Patrulla por períodos largos, y necesitan hablar con un abogado», añadió. «En algunos casos es necesario continuar con el trámite de sus solicitudes de asilo mientras permanecen detenidas».
Las abogadas expresaron su preocupación por la salud de los migrantes detenidos ante la expansión del coronavirus y abogaron porque «las autoridades tomen decisiones sustentadas en el consejo de los expertos médicos y de la ciencia, no en el miedo y la xenofobia».
«El gobierno ya ha dado un mensaje de que toma esto en serio con el cierre de las oficinas para trámites de migración», dijo Murray, quien expresó su preocupación por los que se hallan en los centros de detención.
«¿Cómo se hace para mantener el distanciamiento social cuando se está confinado junto con otras personas? Pedimos que, en la medida de lo posible, se deje en libertad a los detenidos que puedan tener apoyo de sus familias y su comunidad», invocó la abogada.
En enero pasado un portavoz de la agencia de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP), bajo la cual opera la Patrulla Fronteriza, indicó que el gobierno ha hecho grandes cambios en el manejo de migrantes y que hay unos 300 profesionales médicos en 40 instalaciones en la frontera, comparado con 20 de estos profesionales en diciembre de 2018.
El mes pasado, un juez en Arizona ordenó una nueva evaluación y una reforma completa del tratamiento que reciben los detenidos en las instalaciones de la Patrulla, explicó Walters.
Bajo las instrucciones del juez, esta agencia federal no puede mantener a alguien detenido por más de 48 horas sin atender las necesidades básicas como una cama, mantas, duchas que no se limiten a lavarse con una toalla mojada, agua potable, comida aceptable y atención de los problemas de salud.
Asimismo, el tribunal dictaminó que «no existe un interés gubernamental legítimo para extender las detenciones» y ordenó que la Patrulla Fronteriza se asegure de que el hacinamiento jamás sea tan grave como para que los detenidos deban dormir en el área de retretes de las celdas.
Según una contabilidad desarrollada por la Coalición de Comunidades Fronterizas del Suroeste (SBCC, en inglés), desde el año 2010 al menos 101 personas, incluidos seis menores de edad, murieron estando bajo custodia de CBP.
Diecisiete de esas muertes ocurrieron en 2019 y 36 de ellas desde que el presidente Donald Trump llegó a la Casa Blanca en enero de 2017.
La lista de la SBCC, una coalición de más de 60 organizaciones con sede en los estados fronterizos, está compuesta por personas que han fallecido a manos de agentes de la Patrulla Fronteriza, ya sea por disparos o mientras estaban bajo su custodia en un centro de detención o en los puertos de entrada.
