Washington – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció este jueves que Nicaragua figura en su «lista negra» debido a la instalación «de facto» de un estado de excepción con el abuso de la fuerza, el encarcelamiento de voces disidentes y la clausura de medios de comunicación.
Esta es la primera vez en 25 años que Nicaragua aparece en el Capítulo IV del informe anual de la CIDH, que esta vez se refiere a 2018 y cada año nombra a los Estados del continente americano donde el respeto a los derechos humanos merece la «atención especial» del organismo, con sede en Washington.
En declaraciones a Efe, Antonia Urrejola, relatora de Nicaragua en la CIDH, explicó que el establecimiento de ese estado de excepcionalidad «de facto» ha sido considerado por el organismo con un «elemento determinante» para incorporar al país centroamericano a la «lista negra».
«La grave crisis de derechos humanos que atraviesa el país se ha extendido por más de ocho meses debido a la instalación de facto de un estado de excepción caracterizado por el ejercicio abusivo de la fuerza pública para reprimir a las voces disidentes al Gobierno», manifestó Urrejola.
El Ejecutivo nicaragüense también fue señalado por la CIDH debido a la «respuesta estatal represiva masiva, sistemática y grave en contra de la población» a partir de las protestas que comenzaron el pasado abril contra el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y que han dejado 325 muertos, de acuerdo al propio organismo.
Según recoge el documento, el Ejecutivo nicaragüense ha rechazado el informe por considerar que no tiene rigor y está politizado y, además, aseguró que refleja «intereses políticos desestabilizadores contra el Estado de Nicaragua», cuyo presidente considera las protestas un intento de «golpe de Estado» orquestado por Washington.
Nicaragua figuró por última vez en la «lista negra» en el informe relativo al año 1993, después de haber sido incluido en ese listado cada año desde 1982.
Respecto a Venezuela, presente en la lista de cada año desde 2005, la CIDH asegura que se han «agravado» las condiciones «estructurales» que afectan los derechos de los venezolanos y han derivado en «una grave crisis política, social, y económica, al punto de que en la actualidad existe una ausencia del Estado de Derecho».
La Comisión se refirió a las elecciones celebradas el pasado mayo, que ganó el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, y cuyos resultados no fueron reconocidos por la oposición, lo que llevó al presidente del Parlamento, Juan Guaidó, a proclamarse jefe de Estado interino el pasado 23 de enero.
La CIDH no mencionó a Guaidó porque el informe se refiere a 2018, pero afirma que «el modo» en que se desarrollaron esos comicios de mayo «profundizó la crisis institucional».
El organismo urgió al Estado de Venezuela a «restablecer el orden constitucional», a liberar a los detenidos por ejercer su derecho a la protesta y a evitar las «detenciones ilegales o arbitrarias»; así como a tomar las medidas necesarias para garantizar el acceso a alimentos y medicinas.
Sobre Cuba, en el listado cada año desde 1984, la CIDH advierte de «restricciones arbitrarias» al derecho al voto y a la libertad de expresión, así como de «violaciones» al debido proceso.
Específicamente, la CIDH cree que el proceso de debate de la nueva Constitución cubana sufrió «serias falencias» y cuestionó el proceso que llevó a la designación del presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, quien sustituyó a Raúl Castro en abril de 2018.
Al respecto, el organismo afirmó que «durante el desarrollo del proceso electoral» que llevó a la elección de Díaz-Canel «se observó la persistencia de condiciones que impiden la genuina participación política de diversos sectores de la sociedad».
Los Gobiernos de Nicaragua, Venezuela y Cuba saben que han sido incluidos en el Capítulo IV desde finales de enero, cuando la CIDH les envió el borrador del informe para recibir observaciones.
El Ejecutivo cubano fue el único que no respondió ya que no reconoce la competencia de la CIDH porque depende de la OEA, a la que Cuba se niega a reintegrarse por considerar que el organismo es un instrumento del «imperialismo» de EE.UU. para influir en Latinoamérica.
Cuba fue suspendida de la OEA en 1962 tras el triunfo de la revolución liderada por Fidel Castro y, aunque en 2009 el organismo levantó esa suspensión, la isla se negó a volver.
