Washington – El Gobierno del presidente Donald Trump reforzó hoy su postura contra la inmigración procedente de Centroamérica al anunciar que impedirá el asilo a los inmigrantes que no lo soliciten antes en un «tercer país seguro», lo que se suma a la amenaza de redadas masivas para combatir la inmigración ilegal.
Esta maniobra, presentada este lunes por el Departamento de Justicia y el de Seguridad Nacional, es un nuevo intento de la Administración de reducir el flujo migratorio en la frontera con México, procedente principalmente de Centroamérica.
«Un extranjero que entre o intente entrar en EE.UU. a través de la frontera sur después de no haber solicitado protección en un tercer país fuera de sus países de ciudadanía, nacionalidad o de última residencia legal habitual que hubiese transitado en camino a EE.UU. no es apto para asilo», señaló la nueva orden publicada en el Registro Federal y que entrará en vigor este martes.
La legislación nacional permite a los solicitantes de asilo hacerlo al llegar a la frontera sin tener en cuenta su ruta, pero cuenta con una excepción para aquellos que lo hacen a través un tercer país considerado «seguro».
En la actualidad, sin embargo, el Gobierno solo cuenta con un acuerdo específico al respecto en el que reconoce como «tercer país seguro» a Canadá.
De acuerdo a datos oficiales, en el año fiscal 2018 se concedieron 13.168 protecciones de asilo de las más de 162.000 peticiones presentadas.
La orden se da a conocer el mismo día en el que estaba previsto que el presidente guatemalteco, Jimmy Morales, se reuniese con Trump en la Casa Blanca entre rumores acerca de la posibilidad de que firmase un acuerdo para convertir a Guatemala en tercer país seguro para los migrantes que buscan el asilo en este país.
La medida no ha sido bien recibida por los sectores más progresistas, que ven el anuncio como un ataque a los derechos de los inmigrantes, e incluso la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en sus siglas en inglés) ha asegurado que tomará medidas legales.
«La administración de Trump está tratando de revertir de manera unilateral el compromiso legal y moral de nuestro país para proteger a las personas que huyen del peligro. Esta nueva regla es evidentemente ilegal. Vamos a presentar una demanda pronto», indicó ACLU en su cuenta oficial de Twitter.
Uno de los candidatos demócratas a la Presidencia, Julián Castro, criticó con ironía la intención de Trump de «terminar con el asilo y el debido proceso para los migrantes».
«(Trump) quiere reemplazar la antorcha en la mano de la Estatua de la Libertad por una mano con el dedo medio levantado. Debe ser derrotado», escribió Castro en su Twitter minutos después del anuncio.
Otro de los aspirantes demócratas, Beto O’Rourke, consideró que la «crueldad» de Trump con los migrantes «no se detendrá» hasta que la sociedad se levante y lo detenga.
La tensión sobre la política migratoria de la Casa Blanca se ha incrementado en las últimas fechas después de que Trump advirtiera de que su Gobierno iba a iniciar este domingo redadas en nueve ciudades para deportar a «miles» de indocumentados.
No obstante, las autoridades migratorias no confirmaron su inicio y aún no ha trascendido ningún detalle sobre la magnitud del operativo, aunque en Nueva York hubo tres operaciones el sábado sin detenidos.
Trump, quien llegó a la Casa Blanca en enero de 2017 con la promesa de una política de mano dura en materia migratoria, ha declarado una emergencia nacional por la «crisis humanitaria» que, a su juicio, se vive en la frontera con México y ha acusado a los países del Triángulo Norte (Honduras, Guatemala y El Salvador) de no hacer lo suficiente para frenar el flujo migratorio.
Hace unas semanas, alcanzó un acuerdo con el Gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para que reforzarse su frontera sur con Guatemala y acogiese a solicitantes de asilo en EE.UU. en proceso de espera.
