San Salvador – El Gobierno de Estados Unidos ampliará otros 18 meses el estatus de protección temporal (TPS) para los ciudadanos salvadoreños amparados por ese beneficio, informaron este lunes fuentes oficiales.
«Estamos muy felices de poder anunciar que hoy en Washington firmamos un acuerdo que extiende el TPS para los salvadoreños que están en los EE.UU. por un año más», dijo el embajador de Estados Unidos en El Salvador, Ronald Douglas Johnson, en un video publicado en redes sociales y en el que aparece con el presidente Nayib Bukele.
Johnson añadió que la extensión del estatus temporal es parte «del buen trabajo del Gobierno del presidente Bukele con Estados Unidos».
Por su parte, el mandatario salvadoreño indicó que «con esto (ampliación) varios tomadores de decisión tendrán tiempo adicional para buscar una solución permanente».
«Seguiremos trabajando lado a lado para construir un El Salvador más prospero y mejor para todos», agregó Bukele.
Se prevé que el mandatario centroamericano brinde una conferencia de prensa, según lo informó la Presidencia sin detallar los temas que serán abordados por Bukele.
Según datos del Servicio de Investigación del Congreso, actualmente hay más de 436.000 inscritos en el TPS en todo EE.UU., de los cuales aproximadamente el 90 % son de El Salvador (262.000), Honduras (86.000), Haití (58.000) y Nicaragua (5.000).
En enero de 2018, el Gobierno de Donald Trump anunció la suspensión del Estatus de Protección Temporal (TPS) para unos 190.000 salvadoreños que cuentan con el beneficio, cuya fecha límite para permanecer en el país norteamericano de manera legal sería septiembre de 2019.
Pero el pasado octubre, el juez federal estadounidense Edward Chen bloqueó la suspensión ordenada por Trump para El Salvador, Honduras, Haití, Nicaragua y Sudán, con el argumento de que produciría un «daño irreparable» para los inmigrantes y sus familias que debían abandonar Estados Unidos.
El TPS es un programa migratorio creado en 1990 con el que Estados Unidos concede permisos de forma extraordinaria a los ciudadanos de países afectados por conflictos bélicos o desastres naturales.
