Washington – Las políticas del Gobierno del presidente Donald Trump «castigan cruelmente» a los migrantes en un enfoque que parece un asalto contra los derechos humanos fundamentales, afirmó este miércoles Human Rights Watch en su informe anual.
«El enfoque punitivo de la Administración Trump hacia quienes buscan asilo y la gente pobre de color, ha empujado a tantas personas tan lejos de las protección de sus derechos que incluso sus vidas pueden estar en peligro», afirmó Nicole Austin Hiller, la directora del Programa EEUU en HRW.
«En el caso de ciertos grupos marginales en Estados Unidos, el gobierno parece estar dedicado a un ataque total contra sus derechos humanos fundamentales», añadió.
Human Rights Watch indicó que el gobierno de Estados Unidos ha detenido a los migrantes, incluidos menores de edad, en instalaciones inhumanas, traumatizantes y parecidas a cárceles; ha separado a la fuerza las familias, y ha obstaculizado la asistencia pública para los inmigrantes y sus familiares que son ciudadanos estadounidenses.
Desde que el presidente Trump instauró una política que devuelve a México a los migrantes que llegan a la frontera sur buscando asilo, miles de personas «esperan audiencias en condiciones peligrosas e insalubres», indicó el informe.
Según HRW, el gobierno de Trump «debería poner fin a las políticas abusivas que castigan a quienes piden asilo y los someten, a ellos y a los niños y familias migrantes, a detención innecesaria e inhumana, y debería adoptar en cambio procedimientos justos para el asilo y la migración».
El informe de 652 páginas, y la trigésima edición que se publica, estudia la situación de los derechos humanos en un centenar de países, entre ellos El Salvador, del que señala tiene una de las tasas más altas de homicidio en el mundo y «las bandas ejercen control territorial sobre barrios específicos y extorsionan a los residentes en todo el país».
El informe de HRW señaló que en México «las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad, incluidas la tortura, desapariciones forzadas y abusos de los migrantes, han continuado bajo el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador».
Los avances logrados en Guatemala en el enjuiciamiento de los casos de corrupción y abuso en años recientes «corren peligro después que el gobierno decidió no extender el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad, auspiciada por las naciones Unidas», agregó el informe.
